En España, alrededor de 4,5 millones de personas se encuentran en situación de exclusión residencial debido a algún problema relacionado con la vivienda. La futura Ley de Vivienda será una buena herramienta para combatir esta exclusión y para ampliar y garantizar los derechos residenciales de todas las personas, especialmente de aquellas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.
Han pasado casi tres años hasta llegar al momento decisorio de la aprobación o fracaso de esta norma. A la espera del debate de enmiendas, su aprobación parece inminente. Pero ¿qué medidas incluye el borrador actual para fomentar la vivienda asequible?
Medidas para el derecho a la vivienda
Tal y como se puede apreciar en el Observatorio de Vivienda Asequible de Provivienda, el problema de asequibilidad de la vivienda en España se explica por varios motivos como el alto precio de la vivienda, el incremento constante del precio del alquiler, el escaso número de vivienda social o la asignación de fondos y reparto presupuestario destinado a vivienda. El problema de la vivienda asequible provoca graves consecuencias sociales que se ven reflejadas en el incremento de los desahucios, el elevado número de personas que se encuentran en situación de sinhogarismo, la tendencia decreciente de la tasa de emancipación o las crecientes dificultades económicas.
El borrador del Proyecto de Ley contempla medidas concretas con gran potencial transformador para incrementar la vivienda asequible y cambiar la composición del parque de vivienda en España. Algunas de las medidas más importantes son la prohibición de compraventa de vivienda social e imponer un mínimo de 30 años de calificación a la vivienda protegida. También, la regulación de zonas de mercado tensionado o la definición de grandes tenedores de vivienda, las bonificaciones fiscales (especialmente las de arriendo a Tercer Sector o para el alquiler asequible) o la reserva de suelo para alquiler a precios limitados. Algunas de ellas forman parte del debate parlamentario que en estos momentos rodea la aprobación de la Ley.
Las medidas estructurales que contiene el borrador apuestan por un cambio de modelo para reconvertir el parque de vivienda en España, apostando por una mayor asequibilidad en el alquiler e impulsando medidas de fomento de los derechos residenciales de las personas más vulnerables. Estas medidas deben reforzarse y facilitar su implementación durante el debate parlamentario y formar parte de un absoluto consenso entre los grupos, ya que son cruciales para cambiar un modelo de vivienda que excluye a gran parte de la población.
Nuestras enmiendas a la Ley de Vivienda
Aunque las medidas propuestas son positivas, existe margen de mejora en algunas cuestiones. Tras analizar el texto actual y detectar algunos déficits, desde Provivienda, junto a HOGAR SÍ, hemos presentado las siguientes propuestas de enmienda al articulado de la Ley:
1. Añadir definiciones importantes para las políticas públicas de vivienda, como “entidades proveedoras de vivienda” y “sinhogarismo cronificado”. Se solicita también que en la definición que recoge el texto para “gran tenedor” se excluya al Tercer Sector que promueve vivienda asequible sin ánimo de lucro.
2. Dar un mayor foco al papel fundamental que cumple la vivienda en la erradicación de la exclusión residencial y el sinhogarismo.
3. Modificar el régimen fiscal de las entidades sociales del Tercer Sector que proveen de vivienda para que no se sitúen en desventaja respecto a proveedores mercantiles con ánimo de lucro.
4. Incluir el arrendamiento de habitaciones. La Ley debe incluir este supuesto para que las personas inquilinas no se encuentren en situación de inseguridad e inestabilidad en la vivienda, ni se encuentren con barreras para realizar trámites como el del Ingreso Mínimo Vital o el acceso a ayudas al alquiler, en los que el empadronamiento y la unidad de convivencia son elementos clave.
5. Ampliar la coordinación y comunicación entre Juzgados, Tribunales y la Administración autonómica competente en materia de vivienda en los procedimientos de desahucio.
Una demanda social pendiente
Desde hace años, la sociedad civil, los movimientos ciudadanos y las entidades sociales centradas en la vivienda, reclamamos una Ley por el Derecho a la Vivienda para España. Pese a los escollos existentes, es necesario superar cualquier dificultad y aprobar definitivamente y de manera urgente la nueva norma. Su entrada en vigor ha de producirse cuanto antes para que el parque de vivienda social y asequible aumente y se abra una vía más de lucha contra la exclusión residencial, que tendrá que ser complementaria a nuevas estrategias transversales y transformadoras aún por definir.
Juntas, por el derecho a la vivienda.
En España, alrededor de 4,5 millones de personas se encuentran en situación de exclusión residencial debido a algún problema relacionado con la vivienda. La futura Ley de Vivienda será una buena herramienta para combatir esta exclusión y para ampliar y garantizar los derechos residenciales de todas las personas, especialmente de aquellas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.
Han pasado casi tres años hasta llegar al momento decisorio de la aprobación o fracaso de esta norma. A la espera del debate de enmiendas, su aprobación parece inminente. Pero ¿qué medidas incluye el borrador actual para fomentar la vivienda asequible?
Medidas para el derecho a la vivienda
Tal y como se puede apreciar en el Observatorio de Vivienda Asequible de Provivienda, el problema de asequibilidad de la vivienda en España se explica por varios motivos como el alto precio de la vivienda, el incremento constante del precio del alquiler, el escaso número de vivienda social o la asignación de fondos y reparto presupuestario destinado a vivienda. El problema de la vivienda asequible provoca graves consecuencias sociales que se ven reflejadas en el incremento de los desahucios, el elevado número de personas que se encuentran en situación de sinhogarismo, la tendencia decreciente de la tasa de emancipación o las crecientes dificultades económicas.
El borrador del Proyecto de Ley contempla medidas concretas con gran potencial transformador para incrementar la vivienda asequible y cambiar la composición del parque de vivienda en España. Algunas de las medidas más importantes son la prohibición de compraventa de vivienda social e imponer un mínimo de 30 años de calificación a la vivienda protegida. También, la regulación de zonas de mercado tensionado o la definición de grandes tenedores de vivienda, las bonificaciones fiscales (especialmente las de arriendo a Tercer Sector o para el alquiler asequible) o la reserva de suelo para alquiler a precios limitados. Algunas de ellas forman parte del debate parlamentario que en estos momentos rodea la aprobación de la Ley.
Las medidas estructurales que contiene el borrador apuestan por un cambio de modelo para reconvertir el parque de vivienda en España, apostando por una mayor asequibilidad en el alquiler e impulsando medidas de fomento de los derechos residenciales de las personas más vulnerables. Estas medidas deben reforzarse y facilitar su implementación durante el debate parlamentario y formar parte de un absoluto consenso entre los grupos, ya que son cruciales para cambiar un modelo de vivienda que excluye a gran parte de la población.
Nuestras enmiendas a la Ley de Vivienda
Aunque las medidas propuestas son positivas, existe margen de mejora en algunas cuestiones. Tras analizar el texto actual y detectar algunos déficits, desde Provivienda, junto a HOGAR SÍ, hemos presentado las siguientes propuestas de enmienda al articulado de la Ley:
1. Añadir definiciones importantes para las políticas públicas de vivienda, como “entidades proveedoras de vivienda” y “sinhogarismo cronificado”. Se solicita también que en la definición que recoge el texto para “gran tenedor” se excluya al Tercer Sector que promueve vivienda asequible sin ánimo de lucro.
2. Dar un mayor foco al papel fundamental que cumple la vivienda en la erradicación de la exclusión residencial y el sinhogarismo.
3. Modificar el régimen fiscal de las entidades sociales del Tercer Sector que proveen de vivienda para que no se sitúen en desventaja respecto a proveedores mercantiles con ánimo de lucro.
4. Incluir el arrendamiento de habitaciones. La Ley debe incluir este supuesto para que las personas inquilinas no se encuentren en situación de inseguridad e inestabilidad en la vivienda, ni se encuentren con barreras para realizar trámites como el del Ingreso Mínimo Vital o el acceso a ayudas al alquiler, en los que el empadronamiento y la unidad de convivencia son elementos clave.
5. Ampliar la coordinación y comunicación entre Juzgados, Tribunales y la Administración autonómica competente en materia de vivienda en los procedimientos de desahucio.
Una demanda social pendiente
Desde hace años, la sociedad civil, los movimientos ciudadanos y las entidades sociales centradas en la vivienda, reclamamos una Ley por el Derecho a la Vivienda para España. Pese a los escollos existentes, es necesario superar cualquier dificultad y aprobar definitivamente y de manera urgente la nueva norma. Su entrada en vigor ha de producirse cuanto antes para que el parque de vivienda social y asequible aumente y se abra una vía más de lucha contra la exclusión residencial, que tendrá que ser complementaria a nuevas estrategias transversales y transformadoras aún por definir.
Juntas, por el derecho a la vivienda.
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