Provivienda presenta el informe ‘’Derechos humanos, infancia y vivienda: una aproximación jurídica’’

El martes 15 de noviembre, de 9:30 a 13 horas, presentamos el informe ‘’Derechos humanos, infancia y vivienda: una aproximación jurídica’’, una investigación de Provivienda centrada en los procesos de pérdida de vivienda habitual con niños, niñas y adolescentes, desde un enfoque de derechos y protección de la infancia.

En la sesión participarán Josune Huidobro, directora de operaciones de Provivienda, Natalia Palomar González, responsable del Área Jurídica de Provivienda, María Teresa García del Vello Moreno y Raquel Libertad Jiménez Moreno, ambas abogadas del Área Jurídica de Provivienda, y Miguel Ruiz Díaz-Reixa, abogado del Programa de Promoción de la No Discriminación Residencial de las Personas Inmigrantes de Provivienda en Madrid.

La jornada se dirige a profesionales del derecho a la vivienda, juristas, especialistas en materia de derecho de la infancia, personal técnico y político de las Administraciones, así como a entidades de la sociedad civil o el Tercer Sector.

Es necesaria realizar una inscripción previa en este enlace para asistir a la presentación.

La jornada se enmarca dentro del Programa «Promoción de los Derechos Humanos de los niños, niñas y adolescentes en riesgo de pérdida de vivienda habitual» que, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, busca analizar desde una perspectiva jurídica la situación de los y las menores en los casos de pérdida de su vivienda habitual, con el objetivo de constatar si las Administraciones públicas y operadores jurídicos españoles están aplicando los mecanismos internacionales de protección de los derechos de la infancia en este tipo de situaciones.

 

Menores en riesgo de pérdida de vivienda: un problema estructural

El problema estructural de la vivienda en España se ha visto agravado por las consecuencias de la crisis de la COVID-19 y, recientemente, por la subida generalizada de los precios del coste de la vida, y está provocando graves situaciones de exclusión residencial, como el aumento del número de desahucios y el elevado número de personas desalojadas de sus viviendas.

La desigualdad creciente entre las rentas medias disponibles y los precios de la vivienda, que han aumentado considerablemente en la última década, ha ocasionado que una quinta parte de la población española se encuentre en riesgo de exclusión residencial (FOESSA, 2022). Por ello, no es de extrañar que la vivienda se haya convertido en el mayor determinante para explicar los procesos de exclusión social, por encima incluso del empleo (FOESSA, 2019).

Durante la pandemia pudimos comprobar el carácter esencial que juega la vivienda en nuestra salud y en nuestras vidas, y buena parte de la población se concienció de la necesidad de reformular cambios legislativos encaminados hacia un modelo de vivienda que ponga a las personas y los derechos humanos en el centro. A pesar de ello, en muchas ocasiones no se presta la atención suficiente a la situación de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en riesgo de perder su vivienda habitual, y se vulneran sus derechos más fundamentales.

Este último caso es el que nos ocupa en la elaboración del informe, ya que la infancia no es ajena a la crisis crónica de vivienda, siendo España el tercer país en tasa de pobreza infantil (con un 31,3%) de la UE, estando sólo por debajo de Albania y Rumanía (Eurostat, 2020). Este último dato implica que el 31,1% de las familias que están en una situación de exclusión residencial cuentan con un niño, niña o adolescente en el hogar (FOESSA, 2022).

Teniendo esto en cuenta, es evidente que la infancia está seriamente afectada por la vulnerabilidad residencial. De hecho, retomando los datos de los desahucios llevados a cabo desde el inicio de la crisis de 2008, así como el porcentaje de menores que sufren desalojos respecto del total de la población, podemos estimar que, al menos, medio millón de niños, niñas y adolescentes habrían perdido su vivienda desde 2008; lo que ha tenido consecuencias no solo sobre el derecho a la vivienda, sino también sobre otros derechos interdependientes como el derecho a la educación, la salud y la intimidad familiar.

 

Derechos humanos, infancia y vivienda

Con esta jornada desde Provivienda queremos invitar a reflexionar acerca de la efectividad de las medidas orientadas a la protección de la infancia en el ámbito de la vivienda, analizando las fuentes sobre vulnerabilidad residencial de los y las menores en España, así como la respuesta de agentes clave implicados en su defensa, e investigar acerca del cumplimiento de las medidas y recomendaciones existentes.

Para garantizar los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en riesgo de pérdida de vivienda habitual es necesaria la participación de todos los agentes sociales implicados. Por ello:

Desde el Tercer Sector y las entidades sociales especializadas en vivienda e infancia debemos aportar soluciones e ideas que, en colaboración con las Administraciones Públicas, se concreten en políticas públicas que garanticen los derechos humanos y el derecho a la vivienda de los y las menores en este tipo de situaciones.

Sigue el evento en nuestras redes sociales: #InfanciayVivienda ¡Te esperamos!

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El martes 15 de noviembre, de 9:30 a 13 horas, presentamos el informe ‘’Derechos humanos, infancia y vivienda: una aproximación jurídica’’, una investigación de Provivienda centrada en los procesos de pérdida de vivienda habitual con niños, niñas y adolescentes, desde un enfoque de derechos y protección de la infancia.

En la sesión participarán Josune Huidobro, directora de operaciones de Provivienda, Natalia Palomar González, responsable del Área Jurídica de Provivienda, María Teresa García del Vello Moreno y Raquel Libertad Jiménez Moreno, ambas abogadas del Área Jurídica de Provivienda, y Miguel Ruiz Díaz-Reixa, abogado del Programa de Promoción de la No Discriminación Residencial de las Personas Inmigrantes de Provivienda en Madrid.

La jornada se dirige a profesionales del derecho a la vivienda, juristas, especialistas en materia de derecho de la infancia, personal técnico y político de las Administraciones, así como a entidades de la sociedad civil o el Tercer Sector.

Es necesaria realizar una inscripción previa en este enlace para asistir a la presentación.

La jornada se enmarca dentro del Programa «Promoción de los Derechos Humanos de los niños, niñas y adolescentes en riesgo de pérdida de vivienda habitual» que, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, busca analizar desde una perspectiva jurídica la situación de los y las menores en los casos de pérdida de su vivienda habitual, con el objetivo de constatar si las Administraciones públicas y operadores jurídicos españoles están aplicando los mecanismos internacionales de protección de los derechos de la infancia en este tipo de situaciones.

 

Menores en riesgo de pérdida de vivienda: un problema estructural

El problema estructural de la vivienda en España se ha visto agravado por las consecuencias de la crisis de la COVID-19 y, recientemente, por la subida generalizada de los precios del coste de la vida, y está provocando graves situaciones de exclusión residencial, como el aumento del número de desahucios y el elevado número de personas desalojadas de sus viviendas.

La desigualdad creciente entre las rentas medias disponibles y los precios de la vivienda, que han aumentado considerablemente en la última década, ha ocasionado que una quinta parte de la población española se encuentre en riesgo de exclusión residencial (FOESSA, 2022). Por ello, no es de extrañar que la vivienda se haya convertido en el mayor determinante para explicar los procesos de exclusión social, por encima incluso del empleo (FOESSA, 2019).

Durante la pandemia pudimos comprobar el carácter esencial que juega la vivienda en nuestra salud y en nuestras vidas, y buena parte de la población se concienció de la necesidad de reformular cambios legislativos encaminados hacia un modelo de vivienda que ponga a las personas y los derechos humanos en el centro. A pesar de ello, en muchas ocasiones no se presta la atención suficiente a la situación de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en riesgo de perder su vivienda habitual, y se vulneran sus derechos más fundamentales.

Este último caso es el que nos ocupa en la elaboración del informe, ya que la infancia no es ajena a la crisis crónica de vivienda, siendo España el tercer país en tasa de pobreza infantil (con un 31,3%) de la UE, estando sólo por debajo de Albania y Rumanía (Eurostat, 2020). Este último dato implica que el 31,1% de las familias que están en una situación de exclusión residencial cuentan con un niño, niña o adolescente en el hogar (FOESSA, 2022).

Teniendo esto en cuenta, es evidente que la infancia está seriamente afectada por la vulnerabilidad residencial. De hecho, retomando los datos de los desahucios llevados a cabo desde el inicio de la crisis de 2008, así como el porcentaje de menores que sufren desalojos respecto del total de la población, podemos estimar que, al menos, medio millón de niños, niñas y adolescentes habrían perdido su vivienda desde 2008; lo que ha tenido consecuencias no solo sobre el derecho a la vivienda, sino también sobre otros derechos interdependientes como el derecho a la educación, la salud y la intimidad familiar.

 

Derechos humanos, infancia y vivienda

Con esta jornada desde Provivienda queremos invitar a reflexionar acerca de la efectividad de las medidas orientadas a la protección de la infancia en el ámbito de la vivienda, analizando las fuentes sobre vulnerabilidad residencial de los y las menores en España, así como la respuesta de agentes clave implicados en su defensa, e investigar acerca del cumplimiento de las medidas y recomendaciones existentes.

Para garantizar los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en riesgo de pérdida de vivienda habitual es necesaria la participación de todos los agentes sociales implicados. Por ello:

Desde el Tercer Sector y las entidades sociales especializadas en vivienda e infancia debemos aportar soluciones e ideas que, en colaboración con las Administraciones Públicas, se concreten en políticas públicas que garanticen los derechos humanos y el derecho a la vivienda de los y las menores en este tipo de situaciones.

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