Este domingo 21 de marzo, se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, y desde Provivienda respaldamos la campaña impulsada por la ONU para eliminar todas las formas de discriminación racial, también en la lucha contra la discriminación residencial.
Provivienda lucha desde 2011 contra la discriminación a través del Programa de Promoción de la No Discriminación Residencial de las Personas Inmigrantes que, financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Fondo Europeo de Asilo, Migración e Integración, nace para mejorar la realidad socioresidencial de la población migrante, poniendo especial atención a la discriminación que sufren en el acceso y mantenimiento de la vivienda.
«Según su nombre o su acento, descartamos»
En el informe publicado por Provivienda en octubre de 2020, ¿Se alquila? Racismo y xenofobia en el mercado del alquiler, constatamos que la discriminación residencial es un fenómeno normalizado en España, pues siete de cada diez inmobiliarias contactadas aceptan formas explícitas de discriminación, únicamente por razón de origen, nacionalidad o apariencia.
Encuestas como las del CIS OBERAXE, también arrojan como resultado que casi una cuarta parte de la población autóctona rechazaría expresamente alquilar un piso a población inmigrante, y otro porcentaje similar trataría de evitar hacerlo.
Actualmente atravesamos una crisis de vivienda asequible sin precedentes: los precios de la vivienda son inasumibles para una parte importante de la población, mientras que el trabajo está precarizado.
Si bien estas dificultades afectan a toda la población, se concentran principalmente en las personas en situación de mayor vulnerabilidad, entre ellas, las personas migrantes: 1 de cada 3 personas no comunitarias dedica más del 40% de sus ingresos al pago del alojamiento, frente al 7% de la población española.
El exceso de documentación requerida, el incremento de las garantías adicionales, engaños sobre las disponibilidad de viviendas o la presentación de cláusulas abusivas son algunas de las manifestaciones discriminatorias que también se han detectado en el estudio.
La ausencia de medidas que protejan a las personas extranjeras de la discriminación, desemboca en procesos de exclusión residencial, que se recrudece en el caso de las familias monomarentales: las madres de origen extranjero solas con menores a su cargo sufren doble discriminación, especialmente cuando no dominan el idioma.
Provivienda en el Senado: propuestas y recomendaciones desde la entidad
El pasado 8 de marzo, Eduardo Gutiérrez, director general de Provivienda, compareció en la comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado, para denunciar los problemas que tienen las personas migrantes en el acceso y mantenimiento de una vivienda digna.
Durante la comparecencia, que se llevó a cabo junto a Fundación Cepaim, Juan Antonio Segura, director general de esta entidad, también denunció las condiciones infrahumanas en las que viven las personas que habitan los asentamientos chabolistas.
La intervención de Provivienda se centró en las conclusiones y recomendaciones del informe ¿Se Alquila? y en defender que el acompañamiento del tercer sector y de las instituciones públicas es una pieza fundamental para luchar contra la discriminación residencial.
Entre las exigencias, destacaron medidas para proteger el derecho a la vivienda y la igualdad de trato de toda la ciudadanía como una Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación que contemple de forma clara el ámbito de la vivienda o que la anunciada ley Estatal de Derecho a la Vivienda incluya actuaciones transversales contra la discriminación.
Asimismo, Eduardo Gutiérrez recomendó la puesta en marcha de servicios de información y asesoramiento especializados, el impulso de servicios de mediación en alquiler, la formación a agentes clave, el reconocimiento de buenas prácticas inmobiliarias o, en el plano más restrictivo, la aplicación del derecho administrativo sancionador, e incluso penal, para las situaciones de discriminación más graves.
Desde Provivienda pensamos que es imprescindible, y una buena oportunidad, complementar las medidas antidiscriminación con aquellas políticas públicas que permitan garantizar el derecho a una vivienda adecuada para todas las personas.
Para poner freno a la discriminación hemos habilitado un Buzón de Situaciones de Discriminación Residencial, con el fin de recoger todos los hechos discriminatorios a través de las víctimas, personas cercanas y/o profesionales del tercer sector. ¡Súmate y registra tu caso!
Este domingo 21 de marzo, se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, y desde Provivienda respaldamos la campaña impulsada por la ONU para eliminar todas las formas de discriminación racial, también en la lucha contra la discriminación residencial.
Provivienda lucha desde 2011 contra la discriminación a través del Programa de Promoción de la No Discriminación Residencial de las Personas Inmigrantes que, financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Fondo Europeo de Asilo, Migración e Integración, nace para mejorar la realidad socioresidencial de la población migrante, poniendo especial atención a la discriminación que sufren en el acceso y mantenimiento de la vivienda.
«Según su nombre o su acento, descartamos»
En el informe publicado por Provivienda en octubre de 2020, ¿Se alquila? Racismo y xenofobia en el mercado del alquiler, constatamos que la discriminación residencial es un fenómeno normalizado en España, pues siete de cada diez inmobiliarias contactadas aceptan formas explícitas de discriminación, únicamente por razón de origen, nacionalidad o apariencia.
Encuestas como las del CIS OBERAXE, también arrojan como resultado que casi una cuarta parte de la población autóctona rechazaría expresamente alquilar un piso a población inmigrante, y otro porcentaje similar trataría de evitar hacerlo.
Actualmente atravesamos una crisis de vivienda asequible sin precedentes: los precios de la vivienda son inasumibles para una parte importante de la población, mientras que el trabajo está precarizado.
Si bien estas dificultades afectan a toda la población, se concentran principalmente en las personas en situación de mayor vulnerabilidad, entre ellas, las personas migrantes: 1 de cada 3 personas no comunitarias dedica más del 40% de sus ingresos al pago del alojamiento, frente al 7% de la población española.
El exceso de documentación requerida, el incremento de las garantías adicionales, engaños sobre las disponibilidad de viviendas o la presentación de cláusulas abusivas son algunas de las manifestaciones discriminatorias que también se han detectado en el estudio.
La ausencia de medidas que protejan a las personas extranjeras de la discriminación, desemboca en procesos de exclusión residencial, que se recrudece en el caso de las familias monomarentales: las madres de origen extranjero solas con menores a su cargo sufren doble discriminación, especialmente cuando no dominan el idioma.
Provivienda en el Senado: propuestas y recomendaciones desde la entidad
El pasado 8 de marzo, Eduardo Gutiérrez, director general de Provivienda, compareció en la comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado, para denunciar los problemas que tienen las personas migrantes en el acceso y mantenimiento de una vivienda digna.
Durante la comparecencia, que se llevó a cabo junto a Fundación Cepaim, Juan Antonio Segura, director general de esta entidad, también denunció las condiciones infrahumanas en las que viven las personas que habitan los asentamientos chabolistas.
La intervención de Provivienda se centró en las conclusiones y recomendaciones del informe ¿Se Alquila? y en defender que el acompañamiento del tercer sector y de las instituciones públicas es una pieza fundamental para luchar contra la discriminación residencial.
Entre las exigencias, destacaron medidas para proteger el derecho a la vivienda y la igualdad de trato de toda la ciudadanía como una Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación que contemple de forma clara el ámbito de la vivienda o que la anunciada ley Estatal de Derecho a la Vivienda incluya actuaciones transversales contra la discriminación.
Asimismo, Eduardo Gutiérrez recomendó la puesta en marcha de servicios de información y asesoramiento especializados, el impulso de servicios de mediación en alquiler, la formación a agentes clave, el reconocimiento de buenas prácticas inmobiliarias o, en el plano más restrictivo, la aplicación del derecho administrativo sancionador, e incluso penal, para las situaciones de discriminación más graves.
Desde Provivienda pensamos que es imprescindible, y una buena oportunidad, complementar las medidas antidiscriminación con aquellas políticas públicas que permitan garantizar el derecho a una vivienda adecuada para todas las personas.
Para poner freno a la discriminación hemos habilitado un Buzón de Situaciones de Discriminación Residencial, con el fin de recoger todos los hechos discriminatorios a través de las víctimas, personas cercanas y/o profesionales del tercer sector. ¡Súmate y registra tu caso!
Artículos relacionados
Fiare Banca Ética y Provivienda se reúnen para fomentar el parque de vivienda asequible
Fiare Banca Ética visita Provivienda en el marco de la colaboración que tenemos para promover la ampliación del parque de vivienda asequible en España.
Varias entidades instamos a aprobar una Estrategia de erradicación de asentamientos e infraviviendas
Varias entidades sociales consideramos urgente que el gobierno apruebe una Estrategia estatal de erradicación de asentamientos chabolistas y de infravivienda 2030.
Saudade: Acercando la salud mental a niñas, niños y adolescentes en Vigo
Durante estos meses hemos estado impartiendo talleres sobre salud mental en algunos centros educativos del barrio de Teis en Vigo en el marco del proyecto Saudade.
Acuerdo entre el Gobierno de Canarias y Provivienda para incrementar el parque de vivienda asequible
El ICAVI y Provivienda firmamos un convenio para adquirir 76 viviendas y facilitar el acceso a la vivienda a personas en situación de vulnerabilidad residencial.
