La Ley de Servicios Sociales será la primera norma de ámbito estatal que estructure el sistema público de Servicios Sociales con garantías mínimas, definiciones y mecanismos concretos; cuestiones que tanto Provivienda como otras entidades sociales venimos reivindicando desde hace años.
La nueva norma podría definir la acción de los Servicios Sociales en los territorios, facilitar la implementación y desarrollo de los distintos servicios y situarse al nivel de los marcos normativos de otros socios europeos. Impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y pendiente de aprobación, la Ley se sumaría a las respectivas normas autonómicas de Servicios Sociales y podría abordar cuestiones en las que Provivienda y otras entidades del Tercer Sector llevan insistiendo desde hace tiempo. Por ello, desde Provivienda recibimos la norma con optimismo y esperamos su pronta aprobación.
Un cambio de perspectiva muy esperado
Provivienda valora muy positivamente que el enfoque de la Ley se centre en la prevención, en lo comunitario y en las personas, así como en sus potencialidades. Este cambio de perspectiva constata que los Servicios Sociales son un pilar fundamental del Estado de Bienestar y la salvaguarda necesaria de las personas en situación de vulnerabilidad, que se materializará en medidas como:
● La declaración de los Servicios Sociales como esenciales.
● La supresión del empadronamiento como requisito para acceder al catálogo común de servicios y prestaciones.
● La definición de urgencia y emergencia social.
● El Sistema de Información Estatal de Servicios Sociales abierto y accesible.
● La designación de un/a profesional de referencia que coordine toda la intervención que reciba una persona.
No obstante, desde Provivienda consideramos que algunas cuestiones relativas a la vivienda y a la acción del Tercer Sector pueden mejorar el Anteproyecto de Ley sin dejar de lado las actuales necesidades de vivienda de las personas más vulnerables. Así, entre nuestras propuestas de enmienda al articulado actual, planteamos definir la exclusión residencial de manera clara y concisa, ya que es la principal causa de exclusión en España. Las diversas relatorías de Naciones Unidas especializadas en vivienda, pobreza y derechos humanos han señalado claramente los agravados déficits en este ámbito que se vinculan de forma directa con otras definiciones como la urgencia y emergencia social, la residencia efectiva, o el acompañamiento social.
Sugerimos también incluir un marco jurídico y de financiación específico para los servicios que no son de gestión directa por parte de la Administración. Estos servicios se atribuyen en la nueva Ley a subvenciones o convenios, sin embargo, las licitaciones o los conciertos sociales podrían ser más eficaces en términos de sostenibilidad, calidad del servicio y de agilidad, permitiendo responder a las necesidades sociales de cada momento de forma más dinámica y desplegar estrategias a medio y largo plazo.
Respecto al derecho de las personas a recibir atención por parte de la red de Servicios Sociales, proponemos suprimir la mención “por encima de los recursos residenciales o de otro tipo” que recoge el Anteproyecto de Ley, ya que para que las personas puedan desarrollar un proyecto de vida autónoma e independiente en comunidad con los servicios públicos necesarios, la vivienda debe ser un elemento central.
Asimismo, Provivienda lamenta que la Ley no recoja la declaración de “autoridad pública” en el ejercicio de sus funciones para aquellas y aquellos profesionales que trabajan en Servicios Sociales. Incluir esta medida en la nueva Ley agilizaría los procesos, evitaría trámites judiciales, involucraría a otros agentes y permitiría activar recursos con mayor celeridad, lo que revertiría positivamente en la atención que reciben las personas.
Consulta aquí el documento con todas las propuestas de enmienda presentadas por Provivienda:
Desde Provivienda esperamos que nuestras aportaciones durante el proceso de trámite de la norma sean tenidas en cuenta y que se introduzcan mejoras en la Ley para que sea más garantista y cercana a la realidad del sector social.
La Ley de Servicios Sociales será la primera norma de ámbito estatal que estructure el sistema público de Servicios Sociales con garantías mínimas, definiciones y mecanismos concretos; cuestiones que tanto Provivienda como otras entidades sociales venimos reivindicando desde hace años.
La nueva norma podría definir la acción de los Servicios Sociales en los territorios, facilitar la implementación y desarrollo de los distintos servicios y situarse al nivel de los marcos normativos de otros socios europeos. Impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y pendiente de aprobación, la Ley se sumaría a las respectivas normas autonómicas de Servicios Sociales y podría abordar cuestiones en las que Provivienda y otras entidades del Tercer Sector llevan insistiendo desde hace tiempo. Por ello, desde Provivienda recibimos la norma con optimismo y esperamos su pronta aprobación.
Un cambio de perspectiva muy esperado
Provivienda valora muy positivamente que el enfoque de la Ley se centre en la prevención, en lo comunitario y en las personas, así como en sus potencialidades. Este cambio de perspectiva constata que los Servicios Sociales son un pilar fundamental del Estado de Bienestar y la salvaguarda necesaria de las personas en situación de vulnerabilidad, que se materializará en medidas como:
● La declaración de los Servicios Sociales como esenciales.
● La supresión del empadronamiento como requisito para acceder al catálogo común de servicios y prestaciones.
● La definición de urgencia y emergencia social.
● El Sistema de Información Estatal de Servicios Sociales abierto y accesible.
● La designación de un/a profesional de referencia que coordine toda la intervención que reciba una persona.
No obstante, desde Provivienda consideramos que algunas cuestiones relativas a la vivienda y a la acción del Tercer Sector pueden mejorar el Anteproyecto de Ley sin dejar de lado las actuales necesidades de vivienda de las personas más vulnerables. Así, entre nuestras propuestas de enmienda al articulado actual, planteamos definir la exclusión residencial de manera clara y concisa, ya que es la principal causa de exclusión en España. Las diversas relatorías de Naciones Unidas especializadas en vivienda, pobreza y derechos humanos han señalado claramente los agravados déficits en este ámbito que se vinculan de forma directa con otras definiciones como la urgencia y emergencia social, la residencia efectiva, o el acompañamiento social.
Sugerimos también incluir un marco jurídico y de financiación específico para los servicios que no son de gestión directa por parte de la Administración. Estos servicios se atribuyen en la nueva Ley a subvenciones o convenios, sin embargo, las licitaciones o los conciertos sociales podrían ser más eficaces en términos de sostenibilidad, calidad del servicio y de agilidad, permitiendo responder a las necesidades sociales de cada momento de forma más dinámica y desplegar estrategias a medio y largo plazo.
Respecto al derecho de las personas a recibir atención por parte de la red de Servicios Sociales, proponemos suprimir la mención “por encima de los recursos residenciales o de otro tipo” que recoge el Anteproyecto de Ley, ya que para que las personas puedan desarrollar un proyecto de vida autónoma e independiente en comunidad con los servicios públicos necesarios, la vivienda debe ser un elemento central.
Asimismo, Provivienda lamenta que la Ley no recoja la declaración de “autoridad pública” en el ejercicio de sus funciones para aquellas y aquellos profesionales que trabajan en Servicios Sociales. Incluir esta medida en la nueva Ley agilizaría los procesos, evitaría trámites judiciales, involucraría a otros agentes y permitiría activar recursos con mayor celeridad, lo que revertiría positivamente en la atención que reciben las personas.
Consulta aquí el documento con todas las propuestas de enmienda presentadas por Provivienda:
Desde Provivienda esperamos que nuestras aportaciones durante el proceso de trámite de la norma sean tenidas en cuenta y que se introduzcan mejoras en la Ley para que sea más garantista y cercana a la realidad del sector social.
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