¡Es el momento de decidir qué modelo
de vivienda queremos!

El 23 de julio son las elecciones generales y los partidos políticos que se presentan tienen la llave para impulsar esta transformación. Por eso, desde Provivienda presentamos 12 medidas para promover un cambio estructural respecto a la vivienda que afronte sus problemas y mejore el acceso.

Un acuerdo entre todas las fuerzas políticas estatales que blinde derechos y garantías en materia de vivienda para:

✔  Establecer un marco de financiación suficiente.

✔  Orientar las políticas públicas de vivienda hacia el acceso en igualdad de condiciones y hacia el alquiler asequible.

✔  Incluir planes específicos para personas en situación de vulnerabilidad que permitan erradicar el sinhogarismo, el chabolismo, la infravivienda, la masificación, la discriminación residencial y las dificultades de emancipación de las personas jóvenes.

✔  Cumplir con el compromiso con la Agenda 2030 para aumentar el parque de vivienda social al 9,3% y con el mandato del Relator Especial sobre vivienda adecuada de Naciones Unidas de llegar al 15% en 2040.

✔  Aumentar los ratios de vivienda social y asequible impulsando financiación adicional a través de crédito público o subvenciones a la provisión de vivienda de entidades sin ánimo de lucro mediante instrumentos como el Plan estatal de acceso a la vivienda 2022-2025.

✔  Priorizar el régimen de tenencia en alquiler en la vivienda de protección oficial para evitar que entren en el mercado privado.

✔  Mantener los niveles de financiación en política de vivienda alcanzados con los fondos Next Generation y del PRR y aumentar las partidas presupuestarias destinadas a incrementar el parque de vivienda social y asequible.

✔  Aumentar la inversión en vivienda. En España actualmente supone el 0,15% del PIB, en Europa el 0,55%.

✔  Financiar los procesos de acompañamiento ligados a vivienda para garantizar el derecho a la vivienda a todas las personas de forma estable y adecuada.

✔  Establecer un marco normativo que favorezca el modelo de gestión y provisión de vivienda asequible por organizaciones sin ánimo de lucro especializadas en vivienda.

✔  Desarrollar herramientas como la financiación pública, avales de financiación públicos, regulación de la inversión privada de impacto social, provisión de suelo y un marco fiscal favorable para la provisión de vivienda asequible por parte de organizaciones sin ánimo de lucro.

✔  Aumentar la financiación del Plan Estatal de Acceso a la Vivienda y orientarlo hacia un cambio de modelo enfocado a vivienda adecuada y alquiler asequible.

✔  Implementar el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda actual y el futuro para garantizar el derecho a la vivienda en los próximos años.

✔  Impulsar programas para población en situación de vulnerabilidad y para aumentar la vivienda social y asequible contando con el tercer sector especializado sin ánimo de lucro.

✔  Crear incentivos fiscales y medidas de apoyo para fomentar la oferta de viviendas en alquiler asequible.

✔  Reducir la carga fiscal de determinados tipos siempre que se destinen a la ampliación de la vivienda social y asequible a través de iniciativas desde el no lucro.

✔  Crear líneas de financiación ventajosas por parte del Instituto de Crédito Oficial para adquirir viviendas por parte del tercer sector sin ánimo de lucro para el  alquiler asequible.

✔  Desarrollar y ampliar la Ley por el derecho a la vivienda.

✔  Crear mecanismos de coordinación entre Servicios Sociales y Vivienda y entre las políticas sectoriales y las estrategias estatales para dar respuesta a los requerimientos que incluye la Ley.

✔  Desarrollo reglamentario del Consejo Asesor de Vivienda incluyendo la participación de entidades del tercer sector especializadas en vivienda.

✔  Modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos para regular el alquiler de habitaciones.

✔  Simplificar la Ley de Enjuiciamiento Civil para garantizar un proceso arbitral, mediador efectivo y rápido en procesos de desahucio.

✔  Crear un mecanismo sancionador en materia de discriminación étnico-racial en el ámbito de la vivienda e impulsar medidas de justicia restaurativa integrales.

✔  Garantizar la estabilidad presupuestaria en materia de renovación urbana y rehabilitación más allá de 2026 para la mejora de la habitabilidad de las personas, ahorrar energía y preservar el medio ambiente.

✔  Reservar cada año al menos un 30% a hogares en situación de vulnerabilidad y asegurar que un 30% de las viviendas rehabilitadas con fondos públicos pasen a destinarse al alquiler asequible.

✔  Desarrollar e implementar la figura de Agente Rehabilitador del tercer sector sin ánimo de lucro para impulsar los procesos de gestión de rehabilitación hacia personas vulnerables y pequeñas y medianas empresas.

✔  Aprobar la Estrategia Nacional de Desinstitucionalización respondiendo a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad desde la vivienda, proporcionando servicios de atención centrados en la persona que garanticen sus derechos, su libertad de elección, autonomía e integración en la comunidad.

✔  Promover a través de la Estrategia Nacional para la Lucha contra el Sinhogarismo 2023-2030 la transformación de las políticas de atención a las personas sin hogar hacia los modelos Housing First y Housing Led.

✔  Favorecer mediante el concierto social el acceso a una vivienda autónoma a las personas solicitantes de Protección Internacional, priorizando este modelo frente al de alojamientos colectivos.

✔  Disminuir la temporalidad de los informes estadísticos y encuestas relacionadas con vivienda para poder ejecutar políticas de vivienda basadas en evidencias y crear nuevas metodologías cuantificar la asequibilidad de la vivienda en España.

✔  Apoyar los sistemas de recopilación y seguimiento de datos relacionados con la vivienda como el Observatorio de Vivienda Asequible.

✔  Crear en 2024 el nuevo índice de alquileres a través del INE por el que se regirán las renovaciones de contratos de alquiler de 2025, lo que permitirá tener información actualizada sobre el mercado de vivienda, las necesidades habitacionales y los resultados de las políticas implementadas.

✔  Prorrogar el escudo social que establece la prohibición del corte de suministros a personas en situación de vulnerabilidad para garantizar los servicios esenciales.

✔  Aplicar y promover el código de buenas prácticas para renegociaciones de crédito hipotecario, garantizando que las personas hipotecadas puedan renegociar condiciones más favorables y evitar el riesgo de perder su vivienda.

✔  Aplicar el nuevo índice de alquileres en 2025 para mitigar la situación inflacionista de los hogares que viven de alquiler y que se enfrentan a subidas de la renta ligadas al IPC a partir de ese año.