Estamos ante una nueva crisis de asequibilidad y estabilidad en la vivienda que exige de una política de vivienda seria, así como de medidas urgentes hacia un parque de vivienda asequible. El propio Defensor del Pueblo indica que la crisis de accesibilidad a la vivienda es debida a un precio excesivo tanto en alquiler como en propiedad.
En el estado español, el parque de vivienda pública de alquiler es gravemente deficitario. Actualmente existen 400.000 personas inscritas en los registros autonómicos de solicitud de vivienda pública y se calcula que España necesita 1,5 millones de vivienda social para cubrir las necesidades residenciales. Es fundamental repensar el concepto de vivienda social, por ejemplo garantizando por ley su carácter permanente y como dotación pública. La vivienda es un bien de primera necesidad, sin embargo se ha convertido en una fuente de muy alta rentabilidad. Urge devolver a la vivienda su función social frente a su función especulativa.
Los precios del alquiler han aumentado de manera brusca en los últimos dos años, mientras que la renta de los hogares de hoy es claramente inferior a la de 2008. El empleo ya no es un soporte de bienestar por la debilidad e inestabilidad del mercado laboral. Paralelamente, el gasto público destinado a vivienda no ha dejado de disminuir desde el estallido de la crisis.
Desde Provivienda denunciamos con datos y evidencias que en España el derecho a una vivienda de calidad y asequible sufre graves carencias. Es uno de los principales resultados de nuestro informe “Cuando la casa nos enferma: la vivienda como cuestión de salud pública”, que da cuenta de los graves efectos en la salud de este problema. Nos hacemos eco de las recomendaciones del Comité DESC de Naciones Unidas que insta al Estado español, a las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos a que garanticen el derecho a la vivienda
Para ello, presentamos a continuación nuestras propuestas para una vivienda asequible y digna.
