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Cada vez más se hace más difícil para los hogares más humildes poder acceder a la propiedad o incluso a un alquiler normalizado y adecuado. Después de la crisis del 2008, que hizo estallar la burbuja inmobiliaria, estamos ante una nueva crisis de asequibilidad y estabilidad en la vivienda.

Los precios del alquiler han aumentado de manera brusca (casi un 10% entre 2014 y 2016, y un 18,3% en el último año), mientras que la renta de hoy es claramente inferior a la de 2008. Muestra de ello es el 14,1% de trabajadores/as cuyos ingresos no superan el umbral de la pobreza. El empleo ya no es un soporte de bienestar por la debilidad e inestabilidad del mercado laboral. El resultado es que uno de cada diez españoles tiene sobrecarga en los gastos de su vivienda (el 5% en 2005), y alcanza el 38,4% entre los más pobres (primer quintil de ingresos).

El gasto público destinado a vivienda ha experimentado en los últimos años bajadas muy pronunciadas, hasta alcanzar mínimos históricos. La consecuencia es que en España el derecho a una vivienda digna y adecuada sufre graves carencias. Éste se vulnera cada vez que se ordena un desalojo sin las debidas garantías ni alternativa habitacional, las situaciones de infravivienda, la vivienda inasequible, la precariedad energética, etc.

La propia Organización Mundial de la Salud establece que cuando los requisitos mínimos que debe reunir una vivienda no se cumplen o son insuficientes, el derecho a la vivienda no se está garantizando, y por tanto, tampoco lo está el derecho a la salud de las personas. Entiéndase aquí la salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”

Así, tanto la existencia o no de un hogar, las condiciones físicas de la vivienda y su entorno físico, como el entorno social del barrio pueden repercutir sobre la salud física, psicológica y el bienestar social-relacional de las personas.

En este contexto, desde Provivienda nos resulta fundamental explorar las vinculaciones entre vivienda y salud. “Cuando la casa nos enferma: la vivienda, una cuestión de salud pública” es una investigación financiada por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, que da cuenta de la profundidad y diversidad de los enlaces existentes entre la inseguridad residencial y la salud.

Cuando la casa nos enferma

Dibujamos un estado de la cuestión a través del análisis documental, la consulta a personas expertas y representantes de las administraciones públicas, pero sobretodo de la compilación de testimonios de personas participantes de nuestros programas de intervención socio-residencial en Madrid, Barcelona y Tenerife. De este estudio hemos extraído recomendaciones y propuestas de intervención hacia políticas de protección de la salud a través del fomento de una vivienda digna.

Estos vínculos son evidentes cuando se observan las condiciones de vida y el estado de salud de las personas sin hogar, ya sea que duerman en la calle o en viviendas improvisadas, o que tambalean entre recursos o diversas formas de alojamiento del sistema público de emergencia (hogares de emergencia y de estabilización, viviendas de integración, hostales, etc.).

Asimismo, las personas que viven en infraviviendas, las que se ven obligadas a ocupar por necesidad, las que sufren un desahucio, o el segundo o el tercero tras años presentando solicitudes de vivienda pública o alquiler social… muy a menudo familias con niños, bajo las condiciones sociales y a veces incluso sanitarias más rudimentarias e inaceptables. Hogares que se ven obligados a vivir en viviendas deficientes, húmedas o altamente degradadas, con todas las consecuencias perjudiciales para la salud conocidas (envenenamiento por plomo, asma, bronquitis crónica, alergias…), sin mencionar los riesgos de accidentes domésticos.

En todos esos casos, los impactos de la vivienda deficiente en la salud son múltiples y de intensidades variables (patologías, discapacidades, síndromes o trastornos). Se desarrollan en diferentes niveles, ya sea en términos de salud física o psicológica, pero también de bienestar social y relacional.

Las conclusiones de la investigación se harán públicas este otoño en las ciudades de Madrid (30 de octubre), Barcelona (6 de noviembre) y San Cristóbal de La Laguna(12 de noviembre).

Contacto de medios

Andrea Jarabo. Responsable Comunicación: comunicacion@provivienda.org. 670 26 14 55

Lidia Ucher. Comunicadora.:  lucher@provivienda.org. 637 02 93 25.

Provivienda es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja desde 1989 para garantizar el derecho a la vivienda, especialmente de las personas más vulnerables. En estos 28 años de trabajo, nuestra organización ha alojado a más de 130.000 personas y ha gestionado en torno a 65.500 viviendas. Actualmente, trabajamos en 10 comunidades autónomas en proyectos que tienen como eje central la vivienda y la inclusión residencial.

 

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