Presentación del Informe "Una casa como refugio".

Desde Provivienda venimos trabajando en Protección Internacional en programas de acogida a personas solicitantes de refugio y asilo desde 2016 en diferentes Comunidades Autónomas, en el marco de la financiación de la Dirección General de Integración y Atención Humanitaria del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Fruto de esta experiencia en ciudades como Madrid y Vigo, hemos querido investigar sobre los itinerarios residenciales de las personas beneficiarias de estos programas, a través de la elaboración del informe “Una casa como refugio”.

Provivienda y otras entidades que trabajamos directamente con este colectivo vulnerable debemos poner nuestro conocimiento de primera mano y sobre el terreno al servicio de un diagnóstico preciso de la situación actual de las personas refugiadas, así como de la elaboración de recomendaciones para los decisores políticos que permitan mejorar la situación del derecho de asilo en España.

Nuestro diagnóstico:

Las personas refugiadas y sus familias son aún más vulnerables ante problemas estructurales como la falta de asequibilidad de la vivienda o las dificultades de acceso al mercado laboral y su precarización. Ante estos, las personas refugiadas experimentan un reto añadido, en algunos casos por carecer de competencias idiomáticas o por no tener una red familiar de apoyo comparables al resto de la población. Si bien las primeras fases del sistema de acogida responden a las necesidades de las personas alojadas, los problemas empiezan a presentarse en la segunda fase: conforme las personas refugiadas ganan autonomía, pierden calidad de vida. Procesos como un cambio de vivienda o de barrio pueden ser desestabilizadores para los logros y redes que la persona haya podido generar. Si queremos que el derecho de asilo y refugio sea un compromiso asumido por toda la sociedad, necesitamos que la ciudadanía nos comprometamos a construir un entorno de acogida e inclusión, sin permitir la existencia de prejuicios o de procesos de exclusión.

Nuestras recomendaciones:

En primer lugar, es necesaria una Política de Vivienda Asequible que abarque desde la integralidad los problemas de vivienda estructurales, que afectan en mayor medida a la población vulnerable como las familias refugiadas. También, debe abordarse una mayor personalización y flexibilidad en el sistema de acogida e integración de las personas refugiadas, que permitan adaptar los apoyos a las necesidades de cada persona-familia así como tener un efecto de contrapeso ante las barreras estructurales. Por último, para conseguir una mejora en el desempeño del Sistema de Protección Internacional, es preciso avanzar en una mayor coordinación legal y administrativa en lo relativo a la documentación de las personas solicitantes, tanto en tiempo y en forma, para garantizar el acceso a derechos reconocidos como el empleo, la vivienda, la educación o la salud. Estas medidas, junto a otras como la sensibilización y difusión permitirían abordar el problema de falta de conocimiento entre el personal administrativo y la sociedad acerca de la situación de las personas refugiadas y favorecer, por tanto, su integración y acceso a derechos.

Gracias a todas las personas asistentes por acompañarnos en la presentación. Os invitamos a todas y todos a leer el Informe completo, a través de este enlace, y a contribuir en su difusión.

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Desde Provivienda venimos trabajando en Protección Internacional en programas de acogida a personas solicitantes de refugio y asilo desde 2016 en diferentes Comunidades Autónomas, en el marco de la financiación de la Dirección General de Integración y Atención Humanitaria del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Fruto de esta experiencia en ciudades como Madrid y Vigo, hemos querido investigar sobre los itinerarios residenciales de las personas beneficiarias de estos programas, a través de la elaboración del informe “Una casa como refugio”.

Provivienda y otras entidades que trabajamos directamente con este colectivo vulnerable debemos poner nuestro conocimiento de primera mano y sobre el terreno al servicio de un diagnóstico preciso de la situación actual de las personas refugiadas, así como de la elaboración de recomendaciones para los decisores políticos que permitan mejorar la situación del derecho de asilo en España.

Nuestro diagnóstico:

Las personas refugiadas y sus familias son aún más vulnerables ante problemas estructurales como la falta de asequibilidad de la vivienda o las dificultades de acceso al mercado laboral y su precarización. Ante estos, las personas refugiadas experimentan un reto añadido, en algunos casos por carecer de competencias idiomáticas o por no tener una red familiar de apoyo comparables al resto de la población. Si bien las primeras fases del sistema de acogida responden a las necesidades de las personas alojadas, los problemas empiezan a presentarse en la segunda fase: conforme las personas refugiadas ganan autonomía, pierden calidad de vida. Procesos como un cambio de vivienda o de barrio pueden ser desestabilizadores para los logros y redes que la persona haya podido generar. Si queremos que el derecho de asilo y refugio sea un compromiso asumido por toda la sociedad, necesitamos que la ciudadanía nos comprometamos a construir un entorno de acogida e inclusión, sin permitir la existencia de prejuicios o de procesos de exclusión.

Nuestras recomendaciones:

En primer lugar, es necesaria una Política de Vivienda Asequible que abarque desde la integralidad los problemas de vivienda estructurales, que afectan en mayor medida a la población vulnerable como las familias refugiadas. También, debe abordarse una mayor personalización y flexibilidad en el sistema de acogida e integración de las personas refugiadas, que permitan adaptar los apoyos a las necesidades de cada persona-familia así como tener un efecto de contrapeso ante las barreras estructurales. Por último, para conseguir una mejora en el desempeño del Sistema de Protección Internacional, es preciso avanzar en una mayor coordinación legal y administrativa en lo relativo a la documentación de las personas solicitantes, tanto en tiempo y en forma, para garantizar el acceso a derechos reconocidos como el empleo, la vivienda, la educación o la salud. Estas medidas, junto a otras como la sensibilización y difusión permitirían abordar el problema de falta de conocimiento entre el personal administrativo y la sociedad acerca de la situación de las personas refugiadas y favorecer, por tanto, su integración y acceso a derechos.

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