NACIONES UNIDAS CONDENA A ESPAÑA, UNA VEZ MÁS, POR VIOLAR EL DERECHO A LA VIVIENDA DE UNA MADRE Y SUS HIJOS TRAS SER DESAHUCIADOS DE UNA VIVIENDA VACÍA PROPIEDAD DE UNA ENTIDAD BANCARIA QUE OCUPABAN POR NECESIDAD.
El 30 de octubre de 2019, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas ha vuelto, por tercera vez, a emitir un Dictamen de condena a España por violar el Derecho Humano a una vivienda adecuada de una familia compuesta por una madre y sus seis hijos que fueron desahuciados sin alternativa habitacional de una vivienda vacía de una entidad financiera que ocupaban por necesidad.
Se trata de un Dictamen histórico para el reconocimiento y la protección del Derecho Humano a una vivienda que en nuestro país se conculca diariamente. En este caso, el Comité DESC va un paso más allá al pronunciarse y dictaminar la violación del Derecho a la Vivienda de Viviana y su familia, al ser desalojados sin ponderar los intereses en juego, sin tener en cuenta la situación de vulnerabilidad de la familia, y habiendo hecho caso omiso a la medida cautelar dictada por este organismo que solicitaba la suspensión del desalojo.
Además, el Comité de Naciones Unidas considera que el actual reglamento de adjudicación de viviendas sociales de la Comunidad de Madrid, que sanciona y penaliza a las personas que están ocupando vivienda privándolas del derecho de ser solicitantes de vivienda social, constituye una violación de los Derechos Humanos en sí misma e insta a su modificación.
El Dictamen contiene una serie de obligaciones particulares para reparar el daño sufrido por la familia así como obligaciones dirigidas a las administraciones públicas para evitar la repetición de este tipo de violaciones en el futuro y que se haga efectivo el acceso, disfrute y garantía de este derecho en el Estado Español. El Estado, deberá remitir a Naciones Unidas un plan de cumplimiento del Dictamen en el plazo de 6 meses.
Mañana, martes 5 de noviembre, Javier Rubio (abogado de CAES y de la familia) dará una rueda de prensa a las 12:00, junto a la propia Viviana López, la asamblea de vivienda de Carabanchel-PAH y las entidades miembros del Grupo de Monitoreo.
El Grupo de Monitoreo se constituyó hace dos años por la sociedad civil para dar seguimiento al cumplimiento por parte del Estado Español de los Dictámenes del Comité DESC de Naciones Unidas. Está formado por: Amnistía Internacional, FEANTSA, Cáritas Española, Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Fundación del Consejo General de la Abogacía Española, Arquitectura Sin Fronteras (ASF), Observatori DESC, Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona ( FAVB), Sindicato de Inquilin@s, Centro de Asesoría y Estudios Sociales ( CAES), PROVIVIENDA – apoyados a nivel internacional por la RED- DESC ESCR-Net)-.
Para más información contactar con Javier Rubio (620720725).
NACIONES UNIDAS CONDENA A ESPAÑA, UNA VEZ MÁS, POR VIOLAR EL DERECHO A LA VIVIENDA DE UNA MADRE Y SUS HIJOS TRAS SER DESAHUCIADOS DE UNA VIVIENDA VACÍA PROPIEDAD DE UNA ENTIDAD BANCARIA QUE OCUPABAN POR NECESIDAD.
El 30 de octubre de 2019, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas ha vuelto, por tercera vez, a emitir un Dictamen de condena a España por violar el Derecho Humano a una vivienda adecuada de una familia compuesta por una madre y sus seis hijos que fueron desahuciados sin alternativa habitacional de una vivienda vacía de una entidad financiera que ocupaban por necesidad.
Se trata de un Dictamen histórico para el reconocimiento y la protección del Derecho Humano a una vivienda que en nuestro país se conculca diariamente. En este caso, el Comité DESC va un paso más allá al pronunciarse y dictaminar la violación del Derecho a la Vivienda de Viviana y su familia, al ser desalojados sin ponderar los intereses en juego, sin tener en cuenta la situación de vulnerabilidad de la familia, y habiendo hecho caso omiso a la medida cautelar dictada por este organismo que solicitaba la suspensión del desalojo.
Además, el Comité de Naciones Unidas considera que el actual reglamento de adjudicación de viviendas sociales de la Comunidad de Madrid, que sanciona y penaliza a las personas que están ocupando vivienda privándolas del derecho de ser solicitantes de vivienda social, constituye una violación de los Derechos Humanos en sí misma e insta a su modificación.
El Dictamen contiene una serie de obligaciones particulares para reparar el daño sufrido por la familia así como obligaciones dirigidas a las administraciones públicas para evitar la repetición de este tipo de violaciones en el futuro y que se haga efectivo el acceso, disfrute y garantía de este derecho en el Estado Español. El Estado, deberá remitir a Naciones Unidas un plan de cumplimiento del Dictamen en el plazo de 6 meses.
Mañana, martes 5 de noviembre, Javier Rubio (abogado de CAES y de la familia) dará una rueda de prensa a las 12:00, junto a la propia Viviana López, la asamblea de vivienda de Carabanchel-PAH y las entidades miembros del Grupo de Monitoreo.
El Grupo de Monitoreo se constituyó hace dos años por la sociedad civil para dar seguimiento al cumplimiento por parte del Estado Español de los Dictámenes del Comité DESC de Naciones Unidas. Está formado por: Amnistía Internacional, FEANTSA, Cáritas Española, Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Fundación del Consejo General de la Abogacía Española, Arquitectura Sin Fronteras (ASF), Observatori DESC, Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona ( FAVB), Sindicato de Inquilin@s, Centro de Asesoría y Estudios Sociales ( CAES), PROVIVIENDA – apoyados a nivel internacional por la RED- DESC ESCR-Net)-.
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