En una sociedad que valora tanto la imagen y el consumo, nadie quiere considerarse una persona “pobre”. Si preguntamos a una persona aleatoria qué entiende por pobreza, es probable que haga referencia a las personas sin hogar o a la pobreza en otros países. Es más tranquilizador pensar que la pobreza es algo residual en España o que nunca nos va a afectar a nosotros y nosotras. Pero la realidad se impone como un muro: la pobreza está ante nuestras puertas. Según el Índice Sintético de Exclusión Social (ISES), solo el 48,4% de la población está en una situación de “integración plena”, mientras que el resto (más de la mitad) viven en situaciones que van desde la “integración precaria” a la exclusión moderada o severa.

Cada año, se publica la Encuesta de Condiciones de Vida, que permite aproximarnos a algunas de las aristas del riesgo de pobreza. Por ejemplo, vemos como el 10% más rico de los hogares ingresa hasta 12 veces más que el 10% más pobre, que sobrevive con 6.298 euros netos anuales. Esta desigualdad ya estaba presente antes del estallido de la crisis económica, pero se ha agudizado en los años siguientes: se empobreció el 40% más pobre (especialmente el 20%), mientras crecían en un 21% los ingresos del 1% más rico.

Ante esta situación, en teoría, contaríamos con la redistribución del Estado en forma de políticas públicas para paliar las desigualdades. Sin embargo, España tiene políticas sociales de baja intensidad redistributiva y una insuficiente protección de un derecho tan básico como el de la vivienda. En términos estrictos de nivel de renta, el 21,5% de la población española está en riesgo de pobreza; pero en toda Europa se utiliza un indicador más completo (la Tasa AROPE) que incluye la carencia de determinados alimentos, de una temperatura adecuada en la vivienda, entre otros elementos. Analizado el riesgo de pobreza de este modo, sube el porcentaje de afectados y afectadas hasta el 26,5%.

Sin suficientes garantías de derechos, nuestra sociedad se convierte en una “sociedad del riesgo”, en la que el 48% dice llegar a final de mes con dificultad o mucha dificulta y el 36% declara no tener capacidad para afrontar gastos imprevistos. Los desahucios, cada vez más en vivienda en alquiler, siguen siendo una triste noticia diaria, mientras el 7,3% de la población ha tenido retrasos en el último año en gastos relacionados con la vivienda. Incluso teniendo una vivienda, hay un 9,6% que se enfrenta a un nuevo tipo de pobreza: la pobreza energética, que tiene un impacto negativo en su salud.

Los sectores más vulnerables de nuestro país no tienen estabilidad o ingresos suficientes para afrontar la compra de una vivienda e intentan acceder a través del alquiler (sube hasta el 14,8% el porcentaje de la población que vive de alquiler). Pero en plena burbuja de precios, España es el país en el que los inquilinos y las inquilinas dedican un mayor porcentaje de ingresos a la vivienda, algo que es un serio peligro para ese 43% de inquilinos e inquilinas que tuvieron ingresos por debajo del umbral de la pobreza.

España cuenta con un tipo de Estado del Bienestar que se ha caracterizado como “familista”, porque es la familia la que se encarga (generalmente, sin ayuda o apoyo del Estado) de determinadas tareas de crianza y de cuidados, con una evidente división sexual del trabajo que penaliza a las mujeres. No es de extrañar, por tanto, que uno de los colectivos más vulnerables sean las familias monoparentales (mayoritariamente de una madre con sus hijos e hijas), la mitad de las cuáles se encuentra en riesgo de exclusión social. Jóvenes, infancia y mujeres -por ese orden- tienen mayor riesgo de pobreza que la media.

Si en un Estado “familista” no tienes una red familiar de apoyo, como les pasa a muchas personas migrantes, el riesgo es mucho mayor: dos de cada tres personas migrantes de fuera de la Unión Europea no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos (casi el doble que la población española). Y son las grandes víctimas de la subida de precios del alquiler, ya que el 72% acceden por el alquiler a precio de mercado, mientras solo el 10,5% de la población con nacionalidad española lo hace.

Mientras, como decíamos al inicio, no reconozcamos la pobreza que existe en nuestra sociedad, no podremos intervenir para desarrollar soluciones. La falta de visibilidad del problema, los precios del alquiler, una legislación que deja al inquilino o inquilina en una posición vulnerable, un insuficiente parque de viviendas sociales o de alquiler asequible, un Estado que protege poco a su ciudadanía más vulnerable o una precariedad que se sigue extendiendo como una mancha de aceite forman los ladrillos con los que se construye la pobreza en nuestro país.

Tenemos que trabajar desde la sociedad civil, el Tercer Sector y las Administraciones Públicas para desmontar la exclusión social, para que nuestros hijos e hijas no hereden esa pobreza y vean limitado sus horizontes, en esa edad en la que todo debería poder ser soñado. Provivienda trabaja cada día con sus programas -y tiene propuestas para el futuro- con un objetivo: que nuestra herencia como sociedad a quiénes vengan sea la garantía y defensa efectiva del derecho a la vivienda. Pongámonos ya manos a la obra.