Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos que se conmemora cada 10 de diciembre, Provivienda reivindica la garantía del derecho a la vivienda, como clave para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
En 2015, los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 Objetivos como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, donde se establece un plan para alcanzarlos en 15 años. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecen una hoja de ruta para avanzar en los grandes retos sociales, económicos y medioambientales, configurando una iniciativa para la incorporación de los derechos humanos en las políticas públicas, tanto desde los objetivos como mediante los instrumentos.
En este sentido, la vivienda, y la garantía del derecho a la misma, se relaciona directamente con ocho de los ODS: 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11 y 17.
La vivienda supone el mayor impacto en el coste de la vida de las ciudades, además de ser la principal dimensión que explica la exclusión social junto al empleo.
Una vivienda en mal estado o la falta de la misma afecta a la salud física, mental y social de las personas, con especial impacto en la población en situación de mayor vulnerabilidad, como en infancia y en personas mayores.
Una vivienda adecuada, independiente y que disponga de espacios para el estudio es clave para el desempeño escolar.
La exclusión residencial y los problemas de vivienda, como los desalojos, afectan en mayor medida a las mujeres, siendo especialmente relevante el impacto en las mujeres solas con hijos/as.
ODS 7: ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE
La pobreza energética es una de las dimensiones de la exclusión residencial y que afecta en mayor medida a los pagos de la vivienda, con una prevalencia mayor en grupos vulnerables.
ODS 10: REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
La falta de vivienda es uno de los factores que más influye en la transmisión intergeneracional de la pobreza, al ser el patrimonio inmobiliario clave en la desigualdad de rentas.
ODS 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
La falta de viviendas asequibles y adecuadas está detrás de gran parte de los problemas de exclusión residencial. Es necesaria la provisión de vivienda social y asequible para conseguir asegurar el acceso a una casa a todas las personas.
ODS 17: ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
La acción por la vivienda interpela a todos los niveles de la Administración y necesita de una sociedad civil y tercer sector fuertes que se alíen para la coproducción de políticas de vivienda.
El objetivo 11: vivienda social y asequible
Este objetivo insta a los Estados a “lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”, y establece como meta principal“ de aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales”.
Concebir la vivienda (y la vivienda asequible), como un derecho humano se enmarca desde las necesidades humanas para la vida digna, pero también interpela a desarrollar políticas públicas que se orienten a su cumplimiento.
Desde esta perspectiva, la satisfacción del derecho a una vivienda digna está directamente relacionada con la capacidad que tiene nuestro sistema de vivienda de responder a las necesidades residenciales de la sociedad.
El derecho a la vivienda
La vivienda se refleja como derecho universal en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Asamblea General, 1966). Sin embargo, la falta de vivienda asequible y social en España es una de las cuestiones que ha destacado de forma reiterada el Comité DESC y la Asamblea de Naciones Unidas a través de su Relatoría Especial, al analizar el problema de la vivienda en nuestro país, así cómo su cumplimiento por parte de las administraciones.
Por su parte, el derecho a la vivienda también se incorpora a la normativa española a través de la propia Constitución, en su artículo 47, y en la Carta Social Europea Revisada.
“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. Artículo 47 de la Constitución Española.
El derecho a la vivienda se relaciona íntimamente con otros derechos humanos como la salud, intimidad o infancia, así como con el derecho a la ciudad, tal y como se refleja en la Declaración de Quito sobre la Nueva Agenda Urbana Naciones a partir de Hábitat III. Por su parte, “la vivienda y asistencia para personas sin hogar” es uno de los principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales.
Una política de vivienda que quiera abordar la exclusión residencial debe incorporar el enfoque de derechos, para lo que es necesario el compromiso de toda la ciudadanía pero, sobre todo, de los actores políticos competentes.
Quedan 9 años para 2030, y aún hay mucho por hacer. Según el ranking global del Sustainable Development Report, España no ha logrado todavía ninguno de los objetivos y quedan pendientes importantes desafíos.
Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos que se conmemora cada 10 de diciembre, Provivienda reivindica la garantía del derecho a la vivienda, como clave para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
En 2015, los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 Objetivos como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, donde se establece un plan para alcanzarlos en 15 años. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecen una hoja de ruta para avanzar en los grandes retos sociales, económicos y medioambientales, configurando una iniciativa para la incorporación de los derechos humanos en las políticas públicas, tanto desde los objetivos como mediante los instrumentos.
En este sentido, la vivienda, y la garantía del derecho a la misma, se relaciona directamente con ocho de los ODS: 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11 y 17.
La vivienda supone el mayor impacto en el coste de la vida de las ciudades, además de ser la principal dimensión que explica la exclusión social junto al empleo.
Una vivienda en mal estado o la falta de la misma afecta a la salud física, mental y social de las personas, con especial impacto en la población en situación de mayor vulnerabilidad, como en infancia y en personas mayores.
Una vivienda adecuada, independiente y que disponga de espacios para el estudio es clave para el desempeño escolar.
La exclusión residencial y los problemas de vivienda, como los desalojos, afectan en mayor medida a las mujeres, siendo especialmente relevante el impacto en las mujeres solas con hijos/as.
ODS 7: ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE
La pobreza energética es una de las dimensiones de la exclusión residencial y que afecta en mayor medida a los pagos de la vivienda, con una prevalencia mayor en grupos vulnerables.
ODS 10: REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
La falta de vivienda es uno de los factores que más influye en la transmisión intergeneracional de la pobreza, al ser el patrimonio inmobiliario clave en la desigualdad de rentas.
ODS 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
La falta de viviendas asequibles y adecuadas está detrás de gran parte de los problemas de exclusión residencial. Es necesaria la provisión de vivienda social y asequible para conseguir asegurar el acceso a una casa a todas las personas.
ODS 17: ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
La acción por la vivienda interpela a todos los niveles de la Administración y necesita de una sociedad civil y tercer sector fuertes que se alíen para la coproducción de políticas de vivienda.
El objetivo 11: vivienda social y asequible
Este objetivo insta a los Estados a “lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”, y establece como meta principal“ de aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales”.
Concebir la vivienda (y la vivienda asequible), como un derecho humano se enmarca desde las necesidades humanas para la vida digna, pero también interpela a desarrollar políticas públicas que se orienten a su cumplimiento.
Desde esta perspectiva, la satisfacción del derecho a una vivienda digna está directamente relacionada con la capacidad que tiene nuestro sistema de vivienda de responder a las necesidades residenciales de la sociedad.
El derecho a la vivienda
La vivienda se refleja como derecho universal en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Asamblea General, 1966). Sin embargo, la falta de vivienda asequible y social en España es una de las cuestiones que ha destacado de forma reiterada el Comité DESC y la Asamblea de Naciones Unidas a través de su Relatoría Especial, al analizar el problema de la vivienda en nuestro país, así cómo su cumplimiento por parte de las administraciones.
Por su parte, el derecho a la vivienda también se incorpora a la normativa española a través de la propia Constitución, en su artículo 47, y en la Carta Social Europea Revisada.
“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. Artículo 47 de la Constitución Española.
El derecho a la vivienda se relaciona íntimamente con otros derechos humanos como la salud, intimidad o infancia, así como con el derecho a la ciudad, tal y como se refleja en la Declaración de Quito sobre la Nueva Agenda Urbana Naciones a partir de Hábitat III. Por su parte, “la vivienda y asistencia para personas sin hogar” es uno de los principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales.
Una política de vivienda que quiera abordar la exclusión residencial debe incorporar el enfoque de derechos, para lo que es necesario el compromiso de toda la ciudadanía pero, sobre todo, de los actores políticos competentes.
Quedan 9 años para 2030, y aún hay mucho por hacer. Según el ranking global del Sustainable Development Report, España no ha logrado todavía ninguno de los objetivos y quedan pendientes importantes desafíos.
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