La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto que la vivienda es el principal elemento de protección no sólo para nuestra salud, también para la salud pública.
Las medidas de confinamiento han resultado eficaces para controlar la expansión de la pandemia, pero el confinamiento no ha sido el mismo para todas las personas. La calidad de la vivienda, su tamaño, el disponer o no de espacios al aire libre, la seguridad con la que encaramos los pagos del alquiler o la hipoteca, el hacer frente a las facturas de la luz o el gas, o el poder habitar la vivienda sin compartir con otras personas de fuera de tu núcleo familiar, están detrás de diferentes experiencias durante esta crisis sanitaria.
En esta línea se muestra la última Encuesta de Condiciones de Vida 2020 (INE), presentada el pasado 15 de julio y que recoge los datos de 2020, por lo que podemos ver reflejadas en ella algunas situaciones residenciales por esta crisis que ha afectado a todos los sectores de nuestra sociedad.
La crisis económica derivada de la crisis sanitaria de la COVID-19 acentúa la vulnerabilidad de grupos poblacionales que ya sufrían anteriormente riesgo de exclusión, como la población extranjera, las personas jóvenes o las familias monomarentales. En el caso de las personas con menos ingresos, se da un aumento de casi 10 puntos con respecto a las dificultades de pago de la vivienda.
Las condiciones de la vivienda y el entorno han adquirido un gran protagonismo durante la pandemia, al abocar a la población a cambios sustanciales sobre los usos del hogar, especialmente en los momentos de restricciones en la salida de las viviendas.
Así se muestra en los datos de hogares que sufren determinados problemas en la vivienda y en su entorno: en 2019 el 70,6% de la población declaraba no tener ningún problema, el porcentaje desciende a 58% en 2020. De los problemas referidos, de mayor prevalencia son los ruidos producidos por vecinos/as o del exterior (23,3%), además de escasez de luz natural (entre el 10 y 15% de la población), que han aumentado con respecto a años previos.
De nuevo, la población extranjera junto a la población con menos ingresos, es la más afectada, frente a la población española. También, los problemas relacionados con la vivienda son más prevalentes en aquellos compuestos por personas adultas con, al menos, un/a menor a su cargo. Por último, los problemas referidos a la vivienda también tienen relación con el régimen de tenencia.
Recomendaciones
Es imprescindible una respuesta institucional de garantía del derecho a la vivienda, para mejorar no sólo las situaciones de vulnerabilidad, sino también la capacidad de proteger la salud pública a través de la protección de la vivienda. Son necesarios instrumentos que mejoren la capacidad para hacer frente a los gastos de la vivienda, mediante ayudas al alquiler destinadas a personas en situación de especial vulnerabilidad, no necesariamente consecuencia directa de la COVID-19, pero también para mejorar la calidad de la vivienda a través de la rehabilitación inclusiva.
La anunciada Ley de Derecho a la Vivienda es una oportunidad para incorporar su función social y desarrollar el derecho a la vivienda recogido en nuestra Constitución como un derecho de carácter subjetivo.
Pero esta Ley debe ir acompañada de instrumentos presupuestarios y normativos que permitan desarrollar la función social de la vivienda, de manera que suponga un refuerzo del sistema de protección, también de la salud pública.
Aumentar el esfuerzo presupuestario, especialmente en un contexto marcado por la oportunidad de los fondo europeos, hasta acercarnos a nuestros vecinos europeos de un 1% del PIB, incorporar la vivienda asequible en la próxima programación de Fondos Estructurales de la UE o el desarrollo normativo de las Housing Associations o del Tercer Sector como proveedores de vivienda, deberían ser prioridades para afrontar el problema estructural de la vivienda en España.
Por su parte, los desarrollos de un nuevo Plan de Acceso a la Vivienda en Alquiler y del Plan de Rehabilitación de Vivienda, no deben olvidar el grave problema de vivienda asequible con el que venimos enfrentándonos de forma periódica.
La falta de vivienda asequible está detrás de gran parte de los problemas de exclusión residencial que se han profundizado en esta crisis causada por la COVID-19. La generación de alternativas residenciales adecuadas y asequibles tendrán que plantearse como objetivos prioritarios y transversales de ambos planes, para no generar externalidades negativas como pueden ser la gentrificación o nuevas burbujas inmobiliarias.
No debemos olvidar, por último, que la vivienda es competencia autonómica y que, son los gobiernos regionales quienes deben desarrollar las medidas necesarias para garantizar la función social de la misma, a través de normativas y cofinanciación presupuestaria. El aumento del parque de vivienda social debe ser objetivo prioritario en sus planes de acción: esta era una medida ya necesaria en el contexto pre COVID-19 que se ha vuelto urgente en el actual escenario de crisis sanitaria, social y económica en el que la vivienda es el principal factor de protección de la salud de todos y todas.
La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto que la vivienda es el principal elemento de protección no sólo para nuestra salud, también para la salud pública.
Las medidas de confinamiento han resultado eficaces para controlar la expansión de la pandemia, pero el confinamiento no ha sido el mismo para todas las personas. La calidad de la vivienda, su tamaño, el disponer o no de espacios al aire libre, la seguridad con la que encaramos los pagos del alquiler o la hipoteca, el hacer frente a las facturas de la luz o el gas, o el poder habitar la vivienda sin compartir con otras personas de fuera de tu núcleo familiar, están detrás de diferentes experiencias durante esta crisis sanitaria.
En esta línea se muestra la última Encuesta de Condiciones de Vida 2020 (INE), presentada el pasado 15 de julio y que recoge los datos de 2020, por lo que podemos ver reflejadas en ella algunas situaciones residenciales por esta crisis que ha afectado a todos los sectores de nuestra sociedad.
La crisis económica derivada de la crisis sanitaria de la COVID-19 acentúa la vulnerabilidad de grupos poblacionales que ya sufrían anteriormente riesgo de exclusión, como la población extranjera, las personas jóvenes o las familias monomarentales. En el caso de las personas con menos ingresos, se da un aumento de casi 10 puntos con respecto a las dificultades de pago de la vivienda.
Las condiciones de la vivienda y el entorno han adquirido un gran protagonismo durante la pandemia, al abocar a la población a cambios sustanciales sobre los usos del hogar, especialmente en los momentos de restricciones en la salida de las viviendas.
Así se muestra en los datos de hogares que sufren determinados problemas en la vivienda y en su entorno: en 2019 el 70,6% de la población declaraba no tener ningún problema, el porcentaje desciende a 58% en 2020. De los problemas referidos, de mayor prevalencia son los ruidos producidos por vecinos/as o del exterior (23,3%), además de escasez de luz natural (entre el 10 y 15% de la población), que han aumentado con respecto a años previos.
De nuevo, la población extranjera junto a la población con menos ingresos, es la más afectada, frente a la población española. También, los problemas relacionados con la vivienda son más prevalentes en aquellos compuestos por personas adultas con, al menos, un/a menor a su cargo. Por último, los problemas referidos a la vivienda también tienen relación con el régimen de tenencia.
Recomendaciones
Es imprescindible una respuesta institucional de garantía del derecho a la vivienda, para mejorar no sólo las situaciones de vulnerabilidad, sino también la capacidad de proteger la salud pública a través de la protección de la vivienda. Son necesarios instrumentos que mejoren la capacidad para hacer frente a los gastos de la vivienda, mediante ayudas al alquiler destinadas a personas en situación de especial vulnerabilidad, no necesariamente consecuencia directa de la COVID-19, pero también para mejorar la calidad de la vivienda a través de la rehabilitación inclusiva.
La anunciada Ley de Derecho a la Vivienda es una oportunidad para incorporar su función social y desarrollar el derecho a la vivienda recogido en nuestra Constitución como un derecho de carácter subjetivo.
Pero esta Ley debe ir acompañada de instrumentos presupuestarios y normativos que permitan desarrollar la función social de la vivienda, de manera que suponga un refuerzo del sistema de protección, también de la salud pública.
Aumentar el esfuerzo presupuestario, especialmente en un contexto marcado por la oportunidad de los fondo europeos, hasta acercarnos a nuestros vecinos europeos de un 1% del PIB, incorporar la vivienda asequible en la próxima programación de Fondos Estructurales de la UE o el desarrollo normativo de las Housing Associations o del Tercer Sector como proveedores de vivienda, deberían ser prioridades para afrontar el problema estructural de la vivienda en España.
Por su parte, los desarrollos de un nuevo Plan de Acceso a la Vivienda en Alquiler y del Plan de Rehabilitación de Vivienda, no deben olvidar el grave problema de vivienda asequible con el que venimos enfrentándonos de forma periódica.
La falta de vivienda asequible está detrás de gran parte de los problemas de exclusión residencial que se han profundizado en esta crisis causada por la COVID-19. La generación de alternativas residenciales adecuadas y asequibles tendrán que plantearse como objetivos prioritarios y transversales de ambos planes, para no generar externalidades negativas como pueden ser la gentrificación o nuevas burbujas inmobiliarias.
No debemos olvidar, por último, que la vivienda es competencia autonómica y que, son los gobiernos regionales quienes deben desarrollar las medidas necesarias para garantizar la función social de la misma, a través de normativas y cofinanciación presupuestaria. El aumento del parque de vivienda social debe ser objetivo prioritario en sus planes de acción: esta era una medida ya necesaria en el contexto pre COVID-19 que se ha vuelto urgente en el actual escenario de crisis sanitaria, social y económica en el que la vivienda es el principal factor de protección de la salud de todos y todas.
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