Ayer se aprobó en el Congreso la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, una herramienta imprescindible para cumplir con el principio de igualdad de forma amplia e integral garantizando el disfrute de todos los derechos sin que el origen, el color de piel, el género, la orientación sexual, la identidad de género o la situación socioeconómica puedan suponer motivo de discriminación.
Las 14 organizaciones que conformamos la Alianza por la Ley de Igualdad de Trato hemos participado activamente en el proceso, analizando tanto la Proposición de Ley como las enmiendas presentadas por los grupos y realizando propuestas al articulado de la norma. Hoy celebramos la aprobación de la Ley, aunque lamentamos que no se hayan incorporado algunas cuestiones fundamentales propuestas por la Alianza.
En consonancia con los estándares internacionales y europeos, la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación incorpora un régimen sancionador, contempla la creación de un organismo independiente de Igualdad, introduce en el código penal el antigitanismo como delito de odio específico e incorpora la definición de segregación escolar, tal y como solicitamos las entidades que formamos parte de la Alianza. También se refuerza en la Ley la protección de las personas en situación de sinhogarismo frente a situaciones discriminatorias, lo que amplía el ámbito objetivo de la ley al uso y a la estancia en la vía pública, cuestión que reivindicamos desde hace tiempo y que celebramos se incorpore a la norma.
Sin embargo, el texto carece de medidas que aborden cuestiones fundamentales como la accesibilidad universal, el diálogo con la sociedad, la protección de la infancia y la formación de agentes clave en la lucha contra todos los tipos de discriminación. En lo relativo a la protección a las víctimas, se detectan también importantes vacíos, ya que la norma no incorpora mecanismos efectivos de protección integral como la traducción o el acompañamiento.
Respecto a las conductas sancionables, la Alianza lamenta que la Ley no recoja qué conductas específicas pueden dar lugar a una sanción y que la regulación de la discriminación en determinados ámbitos continúe siendo deficiente, como en el caso de las fuerzas y cuerpos de seguridad, la educación o las empresas. La Ley tampoco es concreta en aspectos como la interseccionalidad, la inversión de la carga de la prueba, la reparación y la discriminación en el ámbito de lo público, la discriminación estructural y aquella que determinadas instituciones pueden ejercer, como los servicios sociales, la Administración de Justicia o la policía.
La Alianza por la Ley de Igualdad de Trato
Creada en 2020 por entidades que luchan contra la discriminación racial o étnica, el objetivo principal de la Alianza ha sido impulsar la tramitación definitiva de la ley. Forman parte de esta Alianza: Accem, Asociación Rumiñahui, CERMI, CESIDA, CEAR, Cruz Roja Española, Fundación Cepaim, FELGTB, Fundación Secretariado Gitano, HOGAR SÍ, Movimiento por la Paz –MPDL-, Asociación Provivienda, Red Acoge y Save the Children.
Ayer se aprobó en el Congreso la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, una herramienta imprescindible para cumplir con el principio de igualdad de forma amplia e integral garantizando el disfrute de todos los derechos sin que el origen, el color de piel, el género, la orientación sexual, la identidad de género o la situación socioeconómica puedan suponer motivo de discriminación.
Las 14 organizaciones que conformamos la Alianza por la Ley de Igualdad de Trato hemos participado activamente en el proceso, analizando tanto la Proposición de Ley como las enmiendas presentadas por los grupos y realizando propuestas al articulado de la norma. Hoy celebramos la aprobación de la Ley, aunque lamentamos que no se hayan incorporado algunas cuestiones fundamentales propuestas por la Alianza.
En consonancia con los estándares internacionales y europeos, la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación incorpora un régimen sancionador, contempla la creación de un organismo independiente de Igualdad, introduce en el código penal el antigitanismo como delito de odio específico e incorpora la definición de segregación escolar, tal y como solicitamos las entidades que formamos parte de la Alianza. También se refuerza en la Ley la protección de las personas en situación de sinhogarismo frente a situaciones discriminatorias, lo que amplía el ámbito objetivo de la ley al uso y a la estancia en la vía pública, cuestión que reivindicamos desde hace tiempo y que celebramos se incorpore a la norma.
Sin embargo, el texto carece de medidas que aborden cuestiones fundamentales como la accesibilidad universal, el diálogo con la sociedad, la protección de la infancia y la formación de agentes clave en la lucha contra todos los tipos de discriminación. En lo relativo a la protección a las víctimas, se detectan también importantes vacíos, ya que la norma no incorpora mecanismos efectivos de protección integral como la traducción o el acompañamiento.
Respecto a las conductas sancionables, la Alianza lamenta que la Ley no recoja qué conductas específicas pueden dar lugar a una sanción y que la regulación de la discriminación en determinados ámbitos continúe siendo deficiente, como en el caso de las fuerzas y cuerpos de seguridad, la educación o las empresas. La Ley tampoco es concreta en aspectos como la interseccionalidad, la inversión de la carga de la prueba, la reparación y la discriminación en el ámbito de lo público, la discriminación estructural y aquella que determinadas instituciones pueden ejercer, como los servicios sociales, la Administración de Justicia o la policía.
La Alianza por la Ley de Igualdad de Trato
Creada en 2020 por entidades que luchan contra la discriminación racial o étnica, el objetivo principal de la Alianza ha sido impulsar la tramitación definitiva de la ley. Forman parte de esta Alianza: Accem, Asociación Rumiñahui, CERMI, CESIDA, CEAR, Cruz Roja Española, Fundación Cepaim, FELGTB, Fundación Secretariado Gitano, HOGAR SÍ, Movimiento por la Paz –MPDL-, Asociación Provivienda, Red Acoge y Save the Children.
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