En la jornada contaremos con la participación de Miguel Ruiz, abogado en el Programa de Promoción de la No Discriminación Residencial de las Personas Inmigrantes de Provivienda en Madrid; Carmen Gómez, abogada en el Programa de Promoción de la No Discriminación Residencial de las Personas Inmigrantes de Provivienda en Canarias; Javier Rubio, abogado de CAES y miembro del Grupo de Monitoreo de la sociedad civil para el cumplimiento de los Dictámenes del Comité DESC en el estado español; Laura González Munin, responsable del Área de Inclusión de CEAR Madrid; y Roberto García, asesor jurídico del IMAS del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, coordinador de la Subcomisión de Extranjería, Protección Internacional y DDHH del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife y miembro de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía Española.
Inscripciones
En busca de alternativas residenciales
Si tenemos en cuenta que el 77,3% de la población migrante reside en régimen de alquiler, mientras que la población autóctona lo hace en un 13,4% (Encuesta de Condiciones de Vida, INE, 2020) el acceso a la vivienda pública de alquiler se convierte en una alternativa imprescindible para atender las necesidades residenciales y carencias de vivienda de toda la ciudadanía, especialmente para las personas con mayores dificultades.
Racismo estructural y falta de vivienda asequible
En el Programa de Promoción de la No Discriminación Residencial de las Personas Inmigrantes de Provivienda trabajamos con personas y familias de origen migrante que han sufrido situaciones de discriminación en procesos de búsqueda de vivienda o durante el mantenimiento de las mismas.
Tal y como revela el último informe publicado por Provivienda, “Discriminación racial en el ámbito de la vivienda y los asentamientos informales”, la vivienda es la esfera donde se produce mayor discriminación racial o étnica. Un fenómeno que, agravado por la crisis de la COVID-19, aumenta los procesos de vulnerabilidad y exclusión residencial en las personas de grupos étnicos y poblacionales que sufren con más frecuencia la discriminación racial. También en “¿Se alquila? Racismo y xenofobia en el mercado del alquiler” (Provivienda, 2020) advertíamos de que la discriminación es un fenómeno normalizado en España, pues siete de cada diez inmobiliarias contactadas aceptan formas explícitas de discriminación, únicamente por razón de origen, nacionalidad o apariencia.
La discriminación residencial es una consecuencia del racismo estructural que se puede manifestar directa o indirectamente, tal y como también ocurre en los diferentes procedimientos y trámites necesarios para las solicitudes de vivienda pública.
La ausencia de medidas que protejan a las personas extranjeras de la discriminación y la falta de vivienda asequible en España, desembocan en procesos de exclusión residencial.
Desde Provivienda consideramos imprescindible complementar las medidas antidiscriminación con aquellas políticas públicas que permitan garantizar el derecho a una vivienda adecuada para todas las personas.
El próximo jueves 26 de mayo te esperamos en la jornada “Discriminación residencial de la población migrante en el acceso a la vivienda pública”.
Inscripciones: Es necesaria realizar una inscripción previa en este enlace para asistir a la jornada.
Financia:
¡Síguenos en nuestras RRSS! Y si quieres estar al día sobre las novedades del derecho a la vivienda, ¡suscríbete a nuestro boletín mensual! #ProviviendaTeInforma
En la jornada contaremos con la participación de Miguel Ruiz, abogado en el Programa de Promoción de la No Discriminación Residencial de las Personas Inmigrantes de Provivienda en Madrid; Carmen Gómez, abogada en el Programa de Promoción de la No Discriminación Residencial de las Personas Inmigrantes de Provivienda en Canarias; Javier Rubio, abogado de CAES y miembro del Grupo de Monitoreo de la sociedad civil para el cumplimiento de los Dictámenes del Comité DESC en el estado español; Laura González Munin, responsable del Área de Inclusión de CEAR Madrid; y Roberto García, asesor jurídico del IMAS del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, coordinador de la Subcomisión de Extranjería, Protección Internacional y DDHH del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife y miembro de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía Española.
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En busca de alternativas residenciales
Si tenemos en cuenta que el 77,3% de la población migrante reside en régimen de alquiler, mientras que la población autóctona lo hace en un 13,4% (Encuesta de Condiciones de Vida, INE, 2020) el acceso a la vivienda pública de alquiler se convierte en una alternativa imprescindible para atender las necesidades residenciales y carencias de vivienda de toda la ciudadanía, especialmente para las personas con mayores dificultades.
Racismo estructural y falta de vivienda asequible
En el Programa de Promoción de la No Discriminación Residencial de las Personas Inmigrantes de Provivienda trabajamos con personas y familias de origen migrante que han sufrido situaciones de discriminación en procesos de búsqueda de vivienda o durante el mantenimiento de las mismas.
Tal y como revela el último informe publicado por Provivienda, “Discriminación racial en el ámbito de la vivienda y los asentamientos informales”, la vivienda es la esfera donde se produce mayor discriminación racial o étnica. Un fenómeno que, agravado por la crisis de la COVID-19, aumenta los procesos de vulnerabilidad y exclusión residencial en las personas de grupos étnicos y poblacionales que sufren con más frecuencia la discriminación racial. También en “¿Se alquila? Racismo y xenofobia en el mercado del alquiler” (Provivienda, 2020) advertíamos de que la discriminación es un fenómeno normalizado en España, pues siete de cada diez inmobiliarias contactadas aceptan formas explícitas de discriminación, únicamente por razón de origen, nacionalidad o apariencia.
La discriminación residencial es una consecuencia del racismo estructural que se puede manifestar directa o indirectamente, tal y como también ocurre en los diferentes procedimientos y trámites necesarios para las solicitudes de vivienda pública.
La ausencia de medidas que protejan a las personas extranjeras de la discriminación y la falta de vivienda asequible en España, desembocan en procesos de exclusión residencial.
Desde Provivienda consideramos imprescindible complementar las medidas antidiscriminación con aquellas políticas públicas que permitan garantizar el derecho a una vivienda adecuada para todas las personas.
El próximo jueves 26 de mayo te esperamos en la jornada “Discriminación residencial de la población migrante en el acceso a la vivienda pública”.
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