Jornada online “Discriminación residencial de la población migrante en el acceso a la vivienda pública”

Provivienda celebra el jueves 26 de mayo, de 11 a 13 horas, la jornada online “Discriminación residencial de la población migrante en el acceso a la vivienda pública”.
 
En el marco del Programa de Promoción de la No Discriminación Residencial de las Personas Inmigrantes de Provivienda, financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Fondo Europeo de Asilo, Migración e Integración, durante la sesión presentaremos el informe anual del Programa, repasaremos los requisitos de acceso a la vivienda pública a los que se enfrentan las personas migradas, especialmente las mujeres, desde distintos ámbitos y miradas profesionales, y analizaremos la discriminación residencial y sus consecuencias para la población afectada.
 

 

En la jornada contaremos con la participación de Miguel Ruiz, abogado en el Programa de Promoción de la No Discriminación Residencial de las Personas Inmigrantes de Provivienda en Madrid; Carmen Gómez, abogada en el Programa de Promoción de la No Discriminación Residencial de las Personas Inmigrantes de Provivienda en Canarias; Javier Rubio, abogado de CAES y miembro del Grupo de Monitoreo de la sociedad civil para el cumplimiento de los Dictámenes del Comité DESC en el estado español; Laura González Munin, responsable del Área de Inclusión de CEAR Madrid; y Roberto García, asesor jurídico del IMAS del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, coordinador de la Subcomisión de Extranjería, Protección Internacional y DDHH del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife y miembro de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía Española.

Inscripciones

 

En busca de alternativas residenciales

Actualmente, el parque de vivienda español a precios por debajo de mercado se sitúa sobre el 2,5% del total y el parque de vivienda social de titularidad pública (290.000 viviendas) ofrece cobertura apenas al 1,6% de los 18,6 millones de hogares (Observatorio de Vivienda y Suelo, MITMA, 2020); mientras que las necesidades de vivienda se cuantifican en 400.000 personas inscritas en solicitud de vivienda pública, según la Fundación Alternativas, y 4,5 millones de personas en situación de exclusión residencial, según FOESSA.
 
Las familias que acceden a vivienda pública en España deben cumplir diferentes requisitos según lo que estipule la institución titular de esa vivienda. Sin embargo, todas necesitan poder acceder a otros modelos de provisión de vivienda en alquiler, diferentes del mercado privado, ya que este cada vez exige mayores obligaciones y garantías adiciones y excluye a amplios sectores de la población, sobre todo a aquellos más vulnerables, como pueden ser las mujeres migrantes con menores a su cargo.
 
Si tenemos en cuenta que el 77,3% de la población migrante reside en régimen de alquiler, mientras que la población autóctona lo hace en un 13,4% (Encuesta de Condiciones de Vida, INE, 2020) el acceso a la vivienda pública de alquiler se convierte en una alternativa imprescindible para atender las necesidades residenciales y carencias de vivienda de toda la ciudadanía, especialmente para las personas con mayores dificultades.

 

Racismo estructural y falta de vivienda asequible

En el Programa de Promoción de la No Discriminación Residencial de las Personas Inmigrantes de Provivienda trabajamos con personas y familias de origen migrante que han sufrido situaciones de discriminación en procesos de búsqueda de vivienda o durante el mantenimiento de las mismas.

Tal y como revela el último informe publicado por Provivienda, “Discriminación racial en el ámbito de la vivienda y los asentamientos informales”, la vivienda es la esfera donde se produce mayor discriminación racial o étnica. Un fenómeno que, agravado por la crisis de la COVID-19, aumenta los procesos de vulnerabilidad y exclusión residencial en las personas de grupos étnicos y poblacionales que sufren con más frecuencia la discriminación racial. También en “¿Se alquila? Racismo y xenofobia en el mercado del alquiler” (Provivienda, 2020) advertíamos de que la discriminación es un fenómeno normalizado en España, pues siete de cada diez inmobiliarias contactadas aceptan formas explícitas de discriminación, únicamente por razón de origen, nacionalidad o apariencia.

La discriminación residencial es una consecuencia del racismo estructural que se puede manifestar directa o indirectamente, tal y como también ocurre en los diferentes procedimientos y trámites necesarios para las solicitudes de vivienda pública.

La ausencia de medidas que protejan a las personas extranjeras de la discriminación y la falta de vivienda asequible en España, desembocan en procesos de exclusión residencial.

Desde Provivienda consideramos imprescindible complementar las medidas antidiscriminación con aquellas políticas públicas que permitan garantizar el derecho a una vivienda adecuada para todas las personas.

 


El próximo jueves 26 de mayo te esperamos en la jornada “Discriminación residencial de la población migrante en el acceso a la vivienda pública”.

Inscripciones: Es necesaria realizar una inscripción previa en este enlace para asistir a la jornada.

 

Financia:

 

 

 

¡Síguenos en nuestras RRSS! Y si quieres estar al día sobre las novedades del derecho a la vivienda, ¡suscríbete a nuestro boletín mensual! #ProviviendaTeInforma

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Provivienda celebra el jueves 26 de mayo, de 11 a 13 horas, la jornada online “Discriminación residencial de la población migrante en el acceso a la vivienda pública”.
 
En el marco del Programa de Promoción de la No Discriminación Residencial de las Personas Inmigrantes de Provivienda, financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Fondo Europeo de Asilo, Migración e Integración, durante la sesión presentaremos el informe anual del Programa, repasaremos los requisitos de acceso a la vivienda pública a los que se enfrentan las personas migradas, especialmente las mujeres, desde distintos ámbitos y miradas profesionales, y analizaremos la discriminación residencial y sus consecuencias para la población afectada.
 

 

En la jornada contaremos con la participación de Miguel Ruiz, abogado en el Programa de Promoción de la No Discriminación Residencial de las Personas Inmigrantes de Provivienda en Madrid; Carmen Gómez, abogada en el Programa de Promoción de la No Discriminación Residencial de las Personas Inmigrantes de Provivienda en Canarias; Javier Rubio, abogado de CAES y miembro del Grupo de Monitoreo de la sociedad civil para el cumplimiento de los Dictámenes del Comité DESC en el estado español; Laura González Munin, responsable del Área de Inclusión de CEAR Madrid; y Roberto García, asesor jurídico del IMAS del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, coordinador de la Subcomisión de Extranjería, Protección Internacional y DDHH del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife y miembro de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía Española.

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En busca de alternativas residenciales

Actualmente, el parque de vivienda español a precios por debajo de mercado se sitúa sobre el 2,5% del total y el parque de vivienda social de titularidad pública (290.000 viviendas) ofrece cobertura apenas al 1,6% de los 18,6 millones de hogares (Observatorio de Vivienda y Suelo, MITMA, 2020); mientras que las necesidades de vivienda se cuantifican en 400.000 personas inscritas en solicitud de vivienda pública, según la Fundación Alternativas, y 4,5 millones de personas en situación de exclusión residencial, según FOESSA.
 
Las familias que acceden a vivienda pública en España deben cumplir diferentes requisitos según lo que estipule la institución titular de esa vivienda. Sin embargo, todas necesitan poder acceder a otros modelos de provisión de vivienda en alquiler, diferentes del mercado privado, ya que este cada vez exige mayores obligaciones y garantías adiciones y excluye a amplios sectores de la población, sobre todo a aquellos más vulnerables, como pueden ser las mujeres migrantes con menores a su cargo.
 
Si tenemos en cuenta que el 77,3% de la población migrante reside en régimen de alquiler, mientras que la población autóctona lo hace en un 13,4% (Encuesta de Condiciones de Vida, INE, 2020) el acceso a la vivienda pública de alquiler se convierte en una alternativa imprescindible para atender las necesidades residenciales y carencias de vivienda de toda la ciudadanía, especialmente para las personas con mayores dificultades.

 

Racismo estructural y falta de vivienda asequible

En el Programa de Promoción de la No Discriminación Residencial de las Personas Inmigrantes de Provivienda trabajamos con personas y familias de origen migrante que han sufrido situaciones de discriminación en procesos de búsqueda de vivienda o durante el mantenimiento de las mismas.

Tal y como revela el último informe publicado por Provivienda, “Discriminación racial en el ámbito de la vivienda y los asentamientos informales”, la vivienda es la esfera donde se produce mayor discriminación racial o étnica. Un fenómeno que, agravado por la crisis de la COVID-19, aumenta los procesos de vulnerabilidad y exclusión residencial en las personas de grupos étnicos y poblacionales que sufren con más frecuencia la discriminación racial. También en “¿Se alquila? Racismo y xenofobia en el mercado del alquiler” (Provivienda, 2020) advertíamos de que la discriminación es un fenómeno normalizado en España, pues siete de cada diez inmobiliarias contactadas aceptan formas explícitas de discriminación, únicamente por razón de origen, nacionalidad o apariencia.

La discriminación residencial es una consecuencia del racismo estructural que se puede manifestar directa o indirectamente, tal y como también ocurre en los diferentes procedimientos y trámites necesarios para las solicitudes de vivienda pública.

La ausencia de medidas que protejan a las personas extranjeras de la discriminación y la falta de vivienda asequible en España, desembocan en procesos de exclusión residencial.

Desde Provivienda consideramos imprescindible complementar las medidas antidiscriminación con aquellas políticas públicas que permitan garantizar el derecho a una vivienda adecuada para todas las personas.

 


El próximo jueves 26 de mayo te esperamos en la jornada “Discriminación residencial de la población migrante en el acceso a la vivienda pública”.

Inscripciones: Es necesaria realizar una inscripción previa en este enlace para asistir a la jornada.

 

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