
El incumplimiento del derecho a la vivienda en el Estado español es una de las cuestiones señaladas por Naciones Unidas a través de diferentes órganos de representación. En concreto el Comité DESC de Naciones Unidas en su último informe sobre España detalla las diferentes vulneraciones de este derecho que, sin embargo, no es algo abstracto. Es algo que vemos día a día en las personas con las que trabajamos, que pierden una vivienda o que ni siquiera han podido acceder a una.
Pues bien, ante esta situación, existen una serie de mecanismos ratificados por el Estado para solicitar que se tomen en consideración determinados casos de vulneración de derechos ante la ONU, al entenderse que no están siendo protegidos en el marco jurídico de este país. Desde hace unos meses, el equipo de Incidencia Jurídica de Provivienda liderado por Natalia Palomar ha estado preparando un escrito de reclamación ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas con petición adicional de adopción de medidas cautelares. El caso presentado es el de Aicha, mujer nacida en Marruecos que lleva en situación administrativa regular muchísimos años, que se ha tenido que hacer cargo de sus sobrinos y a la que le han negado en varias ocasiones el acceso a vivienda pública en Madrid. Quieren desalojarla de su vivienda alquilada, al haberse quedado la vivienda el banco porque el anterior propietario no pudo hacer frente a su hipoteca.
Este escrito fue presentado la semana pasada y el lunes recibimos la contestación de Naciones Unidas, que instaba a los poderes judiciales de este país a paralizar temporalmente el desahucio, hasta que Naciones Unidas estudie el caso y emita un dictamen, de carácter vinculante para el Estado según el Derecho Internacional.
Actualmente, el equipo que ha llevado este caso, Ana Romo (del Programa de No Discriminación) y Natalia Palomar, ha conseguido la paralización del lanzamiento sine die, y siguen luchando para que desde la justicia española se tome en consideración lo emitido por Naciones Unidas. Mientras tanto, celebramos haber podido llegar a este punto, que claramente supone un hito no sólo para la organización, sino que también contribuye a la defensa del derecho a la vivienda en este país. Y, lo más importante, supone claramente un avance y reconocimiento para Aicha y su familia.