Lunes 2 de diciembre. Madrid. Este martes, día 3 de diciembre, está programado el desahucio de la vivienda propiedad de Bankia en la que reside en alquiler Aicha, una mujer sola con una menor y dos mellizas de 18 años a su cargo. El Juzgado ha programado el lanzamiento, pese a que en un inicio Bankia aceptó que se quedaran en la vivienda por un mayor periodo de tiempo, a la vista de la comunicación del Comité DESC de Naciones Unidas. El aplazamiento tenía como objetivo permitir que la familia de Aicha pudiera acceder a una vivienda pública de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid (AVS), como lleva solicitando desde 2015 ante una clara situación de emergencia habitacional que -además de a la propia Aicha- afectaba a menores de edad, que merecen especial protección.

Este caso fue llevado el año pasado a Naciones Unidad por la Asociación Provivienda, ya que se entendía que no se estaba garantizando el derecho a la vivienda de la familia. El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas solicitó medidas cautelares paralizando el desahucio hasta que el propio Comité emitiera sentencia. Pese a esta comunicación y a un recordatorio posterior, el juzgado no lo ha tenido en cuenta.

La Asociación Provivienda solicita la paralización inmediata del lanzamiento, ya que considera que la ejecución del desahucio tendría graves implicaciones para la familia, que se quedarían en situación de calle, mientras la vivienda quedaría vacía. Por ello, instan a los intervinientes a tener en cuenta la proporcionalidad del impacto de esta medida en cada una de las partes, en consideración de que es posible que -en un breve plazo Aicha acceda a una de las viviendas del listado de la AVS. Natalia Palomar, responsable de Incidencia Jurídica de Provivienda, ha declarado que “no se puede permitir que se vulneren los compromisos internacionales de nuestro país, cuando se trata de la protección de una familia vulnerable que se puede quedar en la calle”.

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