Provivienda (2022). ‘‘Derechos humanos, infancia y vivienda: una aproximación jurídica’’, 60p.

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El informe ‘’Derechos humanos, infancia y vivienda: una aproximación jurídica’’ de Provivienda se centra en la situación actual de los niños, niñas y adolescentes afectadas por la pérdida de su vivienda habitual, con el objetivo de analizar esta realidad desde un prisma jurídico y comprobar si la Administración pública y los agentes jurídicos competentes aplican los mecanismos y la legislación internacional vigente en relación a la protección de los derechos de la infancia.

La investigación repasa el Derecho Internacional en relación a los derechos humanos y la infancia, y su vinculación con el derecho a la vivienda, así como el marco jurídico español y los instrumentos que velan por la protección de los y las menores, con el objetivo de examinar los principales supuestos donde existe vulneración en el ámbito de la vivienda.

Para la consecución del informe se han realizado más de una treintena de entrevistas a padres y madres y niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad residencial, y un grupo de discusión con menores que también han atravesado esta situación. Por su parte, se han realizado peticiones de información pública a distintas Administraciones como el Consejo General del Poder Judicial, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de dicha Comunidad, o el área de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid.

“Perder la casa es peor que una peli de miedo”, Ranjit.

 

Según las principales conclusiones extraídas, pese a la existencia de un marco normativo internacional, éste no se aplica de manera íntegra en nuestro ordenamiento jurídico debido a que:

  • En ocasiones, las Administraciones públicas no pueden asegurar una alternativa habitacional que cumpla con los criterios recomendados por el Comité DESC.
  • Niños, niñas y adolescentes sufren discriminación residencial.
  • A pesar del creciente peso en la formación de la judicatura, no se aplica de forma habitual el contenido de los tratados en los procedimientos ordinarios.
  • Ni la vivienda ni los principios sobre niños, niñas y adolescentes tienen categoría de derecho fundamental.
  • El análisis de proporcionalidad no suele ser la práctica habitual en los procedimientos de pérdida de vivienda habitual.
  • No existe una definición consolidada y unitaria sobre qué es la vulnerabilidad, ni a nivel general ni en los procesos de pérdida de vivienda habitual.
  • El control ex ante de la alternativa habitacional no aparece recogido en la normativa nacional aunque el Tribunal Supremo considera que tiene que valorarse.

Por todo ello, se estarían contraviniendo las directrices marcadas por los diferentes tratados y mecanismos internacionales de protección de la infancia, ya que España no los está aplicando correctamente.

“La vivienda no es un derecho fundamental porque es algo que tienes que adquirir, no naces con él”, Soraia.

 

‘’Derechos humanos, infancia y vivienda: una aproximación jurídica’’ también incluye una serie de recomendaciones dirigidas a dotar de una protección específica a las niñas, niños y adolescentes afectadas en procedimientos judiciales con posible pérdida de su vivienda habitual:

  1. Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( Ley 1/200, de 7 de enero) para que se instaure un auténtico mecanismo de coordinación entre todas las competencias en materia de vivienda y vulnerabilidad socioeconómica.
  2. Unificación e incorporación a la legislación española de una definición del concepto de vulnerabilidad socioeconómica e incremento de las cuantías adicionales por cada niño, niña y adolescente que integre la unidad familiar.
  3. Protección y prioridad de niños, niñas y adolescentes en los procesos de adjudicación de vivienda pública eliminando las causas de discriminación, directas o indirectas.
  4. Cumplimiento de la normativa internacional sobre los requisitos de los recursos temporales de alojamiento y las alternativas habitacionales ofrecidas por las Administraciones públicas competentes.
  5. Incorporación de medidas orientadas a dotar de la oportuna protección de niños, niñas y adolescentes en la futura Ley por el Derecho a la Vivienda.

Consulta el informe completo

El ‘’Programa de Promoción de los Derechos Humanos de los niños, niñas y adolescentes en riesgo de pérdida de vivienda habitual’’ en el que se enmarca este informe, ha sido financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

 

Consulta aquí algunas fotografías del evento de presentación:

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El informe ‘’Derechos humanos, infancia y vivienda: una aproximación jurídica’’ de Provivienda se centra en la situación actual de los niños, niñas y adolescentes afectadas por la pérdida de su vivienda habitual, con el objetivo de analizar esta realidad desde un prisma jurídico y comprobar si la Administración pública y los agentes jurídicos competentes aplican los mecanismos y la legislación internacional vigente en relación a la protección de los derechos de la infancia.

La investigación repasa el Derecho Internacional en relación a los derechos humanos y la infancia, y su vinculación con el derecho a la vivienda, así como el marco jurídico español y los instrumentos que velan por la protección de los y las menores, con el objetivo de examinar los principales supuestos donde existe vulneración en el ámbito de la vivienda.

Para la consecución del informe se han realizado más de una treintena de entrevistas a padres y madres y niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad residencial, y un grupo de discusión con menores que también han atravesado esta situación. Por su parte, se han realizado peticiones de información pública a distintas Administraciones como el Consejo General del Poder Judicial, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de dicha Comunidad, o el área de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid.

“Perder la casa es peor que una peli de miedo”, Ranjit.

 

Según las principales conclusiones extraídas, pese a la existencia de un marco normativo internacional, éste no se aplica de manera íntegra en nuestro ordenamiento jurídico debido a que:

  • En ocasiones, las Administraciones públicas no pueden asegurar una alternativa habitacional que cumpla con los criterios recomendados por el Comité DESC.
  • Niños, niñas y adolescentes sufren discriminación residencial.
  • A pesar del creciente peso en la formación de la judicatura, no se aplica de forma habitual el contenido de los tratados en los procedimientos ordinarios.
  • Ni la vivienda ni los principios sobre niños, niñas y adolescentes tienen categoría de derecho fundamental.
  • El análisis de proporcionalidad no suele ser la práctica habitual en los procedimientos de pérdida de vivienda habitual.
  • No existe una definición consolidada y unitaria sobre qué es la vulnerabilidad, ni a nivel general ni en los procesos de pérdida de vivienda habitual.
  • El control ex ante de la alternativa habitacional no aparece recogido en la normativa nacional aunque el Tribunal Supremo considera que tiene que valorarse.

Por todo ello, se estarían contraviniendo las directrices marcadas por los diferentes tratados y mecanismos internacionales de protección de la infancia, ya que España no los está aplicando correctamente.

“La vivienda no es un derecho fundamental porque es algo que tienes que adquirir, no naces con él”, Soraia.

 

‘’Derechos humanos, infancia y vivienda: una aproximación jurídica’’ también incluye una serie de recomendaciones dirigidas a dotar de una protección específica a las niñas, niños y adolescentes afectadas en procedimientos judiciales con posible pérdida de su vivienda habitual:

  1. Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( Ley 1/200, de 7 de enero) para que se instaure un auténtico mecanismo de coordinación entre todas las competencias en materia de vivienda y vulnerabilidad socioeconómica.
  2. Unificación e incorporación a la legislación española de una definición del concepto de vulnerabilidad socioeconómica e incremento de las cuantías adicionales por cada niño, niña y adolescente que integre la unidad familiar.
  3. Protección y prioridad de niños, niñas y adolescentes en los procesos de adjudicación de vivienda pública eliminando las causas de discriminación, directas o indirectas.
  4. Cumplimiento de la normativa internacional sobre los requisitos de los recursos temporales de alojamiento y las alternativas habitacionales ofrecidas por las Administraciones públicas competentes.
  5. Incorporación de medidas orientadas a dotar de la oportuna protección de niños, niñas y adolescentes en la futura Ley por el Derecho a la Vivienda.

Consulta el informe completo

El ‘’Programa de Promoción de los Derechos Humanos de los niños, niñas y adolescentes en riesgo de pérdida de vivienda habitual’’ en el que se enmarca este informe, ha sido financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

 

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