El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC) considera en su último dictamen que España vulneró el derecho a una vivienda adecuada de Aicha y de los 3 menores que tenía a su cargo al infringir el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, suscrito por España en 1976:
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia.
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto)
El caso, presentado ante el Comité DESC con el apoyo de Provivienda, ha finalizado con un dictamen que considera que el estado español no cuenta con una normativa que proporcione los mecanismos que hubieran permitido valorar las condiciones personales concretas de la reclamante, que iba a ser desalojada de la vivienda en la que residía de alquiler junto con su familia desde el año 2007.
(…) Será inevitable también distinguir entre las propiedades de individuos que requieren la propiedad como vivienda o para que les brinde su renta vital, y propiedades de entidades financieras o cualquier otra entidad.
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Comunicación núm. 127/2019, E/C.12/71/D/127/2019
Por este motivo, el Juzgado ante el que se tramitó el procedimiento, no realizó un examen de proporcionalidad para evaluar el impacto que el desahucio podía tener para la familia, lo que tuvo como consecuencia que se siguiera adelante con el mismo aún si contar con una alternativa habitacional digna y adecuada.
El Estado parte tiene el deber de adoptar medidas razonables para proveer vivienda alternativa a las personas que puedan quedar sin techo como consecuencia de un desalojo, independientemente de si tal desalojo ocurre a instancia de las autoridades del Estado parte o de entidades privadas, como el propietario del inmueble.
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Comunicación núm. 127/2019, E/C.12/71/D/127/2019
El caso de Aicha
El año 2016 la vivienda que Aicha tiene alquilada en Madrid pasa a manos de una entidad bancaria por adjudicación en subasta en un procedimiento de ejecución hipotecaria tramitado contra sus arrendadores. Una vez adjudicada la propiedad de la vivienda, la nueva propietaria solicita ante el Juzgado la toma de posesión de la misma; en este momento comienza el largo proceso por el derecho a la vivienda de Aicha, que desde 2019 es representada judicialmente por Provivienda.
(…) el Estado parte violará el derecho a la vivienda adecuada si estipula que la persona cuyo contrato de arrendamiento se dé por terminado debe ser desalojada de forma inmediata sean cuales sean las circunstancias bajo las que la orden de desalojo sería ejecutada.
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Comunicación núm. 127/2019, E/C.12/71/D/127/2019
Ante la dificultad para conseguir por sus propios medios otra vivienda de alquiler a precio de mercado, Aicha solicita en numerosas ocasiones asistencia a los servicios sociales, así como una vivienda social a la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid (EMVS) y a la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid (AVS) en el cupo de especial necesidad. La AVS en 2018 y la propia Aicha Nasher en 2019, ante la inminencia del desahucio, solicitan además la adjudicación de vivienda por emergencia social a la AVS. Ambas solicitudes serán desestimadas, ya que la pérdida inmediata de vivienda no es un criterio prioritario para la adjudicación: el recurso se dirige a personas que sufren “una disminución sobrevenida de los ingresos de la unidad familiar”, pero no a personas en situación de vulnerabilidad económica crónica, como es el caso de Aicha desde el año 2008.
Pese a que el desahucio sin una alternativa habitacional adecuada vulneraba el derecho a la vivienda de Aicha y de los tres menores que tenía a su cargo, y a pesar de los dictámenes emitidos anteriormente por el Comité DESC, Aicha y su familia fueron desahuciadas en enero de 2020. El desalojo forzoso de la vivienda provocó la separación de la unidad familiar, con los consiguientes daños emocionales y vitales para sus integrantes.
Recomendaciones del Comité DESC para garantizar el derecho a la vivienda
El Comité considera que se ha vulnerado el derecho a la vivienda y pide al Estado español que reembolse a Aicha los costes legales del proceso judicial y que consulte con ella “las posibles necesidades de vivienda alternativa adecuada de la familia, y proporcionarla de ser necesario”.
Además, le recuerda a España su “obligación de prevenir violaciones similares en el futuro”, instándole a “asegurarse de que su legislación y su aplicación sean conformes con las obligaciones establecidas en el Pacto”, en concreto:
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- Un 54% de personas marca la X Solidaria o casilla 106 de Fines Sociales en su renta.
- Casi 10 millones de personas (un 46%) aún no marcan Fines Sociales en su renta, lo que permitiría recaudar 631 millones de euros para los programas que realizan las ONG.
- En 2021 se recaudaron 386 millones de euros que irán destinados a proyectos sociales desarrollados por las organizaciones sociales.
Las ONG españolas se han unido en el Palacio de la Prensa de Madrid para presentar, coincidiendo con el inicio del periodo de la renta, su campaña informativa de la X Solidaria que anima a las personas contribuyentes a marcar la casilla 106 de Actividades de Interés Social en su declaración. Gracias a este sencillo gesto, cada año, se realiza algo extraordinario: seguir impulsando distintos proyectos sociales cuyo objetivo es ayudar a millones de personas que lo necesitan y, a su vez, a crear una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria que no deje a nadie atrás.
Este gesto tan extraordinario también comienza a ser de lo más normal. Más de la mitad de la población lo realiza cuando hace su declaración de la renta: más de 11 millones y medio de personas marca la casilla de Fines Sociales; sin embargo, todavía hay un 46% de personas declarantes que no lo hace. En total casi 10 millones de personas no marcan la casilla 106 en su declaración de la renta; si lo hiciesen, se podría llegar a recaudar hasta 631 millones de euros para proyectos sociales.
En 2021 se han recaudado 386 millones, lo que ha supuesto una bajada del 0,61% respecto a la recaudación del año anterior debido a la crisis sanitaria, económica y social que ha supuesto la COVID19. Crisis que pone en evidencia la necesidad de que más personas se sigan sumando a marcar la casilla X Solidaria para seguir apoyando a las personas que más lo necesitan y a la sociedad.
El Palacio de la Prensa acogió el miércoles un coloquio organizado por las ONG de Acción Social y moderado por la periodista Andrea Ropero, en el que han participado la directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Patricia Bezunartea; la presidenta de la Plataforma de ONG de Acción Social, Yolanda Besteiro; el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato; y dos personas beneficiarias de la X Solidaria en representación de los millones de personas que, teniendo diferentes perfiles y realidades distintas, mejoran su calidad de vida gracias a los programas que se llevan a cabo a través de las aportaciones de la casilla 106 de Fines Sociales de la renta.
Antes del inicio del coloquio, la periodista Andrea Ropero ha dado paso al spot y a un vídeo digital de la campaña X Solidaria de este año:
Durante el encuentro la directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Patricia Bezunartea, ha destacado que la campaña de la X Solidaria es un ejemplo de trabajo colaborativo:
“Una alianza entre las Administraciones Públicas y el Tercer Sector de Acción Social que es mutuamente beneficiosa para ambas partes y, sobre todo, para el conjunto de la sociedad ya que permite sumar fuerzas para que la sociedad sea más justa cuide a las personas que la componen, garantice derechos y vidas dignas y que permita las mayores cotas de bienestar.”
Por su parte, la presidenta de la Plataforma de ONG de Acción Social, Yolanda Besteiro, ha añadido que la X Solidaria supone “una red entre la Administración, las ONG y la sociedad para ayudar a las personas que más lo necesitan de nuestro país” y que, todavía hay un 46% de la población que no marca la casilla solidaria de la renta “seguramente porque desconocen que no les cuesta nada: ni pagan más ni les devuelven menos”, ha apuntado.
El presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, ha querido destacar que la campaña de la X Solidaria significa también que las ONG puedan “desarrollar acciones para paliar la emergencia social, así como abordar los problemas estructurales para dar a quienes más lo necesitan, soluciones y respuestas eficaces en pro de alcanzar una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria” y por ello ha animado a las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país a que “descubran el poder y el impacto de este sencillo gesto.”
Para cerrar el coloquio tanto Mª Dolores Sanz como Mª Ángela Serrano han querido transmitir a la ciudadanía la importancia que tiene para las personas como ellas que se marque la X Solidaria en la renta, lo que hace posible que, millones de personas con distintas realidades y vivencias, se beneficien de esta solidaridad ciudadana y tengan la ayuda que necesitan: “es bueno que marquéis la X Solidaria para que las organizaciones sigan adelante con su labor y siempre estén ahí a nuestro lado.”
La campaña “X Solidaria”, dirigida a informar y sensibilizar a las personas contribuyentes para que marquen la casilla 106 de Actividades de Interés Social en su declaración de la renta anual, es coordinada por la Plataforma de ONG de Acción Social y cuenta con el apoyo de la Plataforma del Tercer Sector, la Plataforma del Voluntariado de España, la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Plataforma de Infancia y la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España.
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