Quince organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentra Provivienda, se han unido para formar la ‘Alianza por la rehabilitación de viviendas sin dejar a nadie atrás’.
Se trata de una iniciativa que surge para acelerar la rehabilitación integral y profunda de viviendas como una medida esencial para hacer frente a la pobreza energética y el cambio climático, impulsar la generación de empleo verde y garantizar el derecho a una vivienda digna, eficiente energéticamente, saludable, accesible y asequible. Ello contribuirá a la descarbonización del parque de edificios y al avance hacia una transición energética justa.
La alianza busca contribuir a vencer las numerosas barreras que hasta ahora han impedido a las personas en situación de vulnerabilidad el acceso a los programas y ayudas de la rehabilitación de viviendas.
Rehabilitación de viviendas frente a la pobreza energética
La pandemia causada por la COVID-19 nos ha hecho ser más conscientes que nunca de las condiciones de los hogares en los que vivimos. Éstas son especialmente relevantes para aquellas personas que tienen dificultades cada mes para pagar sus facturas energéticas.
En 2019, un 16,7% de los hogares tenían un gasto energético desproporcionado en relación a sus ingresos, y un 7,6% de la población tuvo problemas para mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno, lo cual se traduce en hasta 7.100 muertes al año. Además, los edificios consumen una tercera parte de la energía de nuestro país y son responsables del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero.
En este contexto, la rehabilitación de viviendas es una de las soluciones más efectivas para garantizar un hogar digno que reúna las condiciones de habitabilidad, accesibilidad, confort, salud y eficiencia energética.
Un 7,6% de la población tuvo problemas para mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno.
Sin embargo, los planes desarrollados hasta el momento han excluido a las familias en situación de vulnerabilidad debido a que establecen unos requisitos que suponen barreras de acceso para este colectivo. Por ejemplo, se exige la propiedad de la vivienda o la financiación previa de las obras. Estos programas tampoco han contribuido a mejorar la asequibilidad de las viviendas rehabilitadas y el acceso a las mismas.
Manifiesto
Hasta el momento, son 15 las entidades que se han adherido a la plataforma: ABD- Asociación Bienestar y Desarrollo, ACA- Asociación de Ciencias Ambientales, AVS- Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo, CCOO, CCOO del Hábitat, ECODES, Ecoserveis, Enginyeria Sense Fronteres, ETSAM – Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, Fundació Habitat 3, Fundación Isadora Duncan, Fundación Renovables, ISTAS, Observatorio Ciudad 3R y Provivienda.
Estas organizaciones han lanzado hoy un manifiesto en el que reclaman que los planes de rehabilitación de viviendas prioricen a las familias en situación de vulnerabilidad, y entre otras cuestiones, que se establezcan esquemas de financiación apropiados tanto para personas propietarias como inquilinas con bajos recursos, crear oficinas de proximidad atendidas por agentes sociales locales y evitar que las ayudas de rehabilitación supongan un aumento del precio del alquiler que puedan derivar en procesos de gentrificación.
Los planes de rehabilitación desarrollados hasta el momento excluyen a los hogares con menos recursos al exigir la propiedad de la vivienda o la financiación previa de las obras
Bajo esta alianza se desarrollarán campañas y se dialogará con todos los agentes del sector para impulsar programas de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana justos y con criterios sociales, incorporando la perspectiva de género y la dimensión tanto urbana como rural.
Según exponen las organizaciones integrantes “nos encontramos en un momento crucial para revertir esta situación e impulsar una transformación justa y social del parque de viviendas». El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Ley de Cambio Climáticp y Transición Energética o el anteproyecto de Ley de Vivienda establecen medias y partidas concretas para estimular la rehabilitación de los edificios, por lo que “es el momento de establecer las bases para que estos planes y ayudas prioricen a las personas con menos recursos, sirviendo como palanca de cambio que reduzca las desigualdades sociales”.
Quince organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentra Provivienda, se han unido para formar la ‘Alianza por la rehabilitación de viviendas sin dejar a nadie atrás’.
Se trata de una iniciativa que surge para acelerar la rehabilitación integral y profunda de viviendas como una medida esencial para hacer frente a la pobreza energética y el cambio climático, impulsar la generación de empleo verde y garantizar el derecho a una vivienda digna, eficiente energéticamente, saludable, accesible y asequible. Ello contribuirá a la descarbonización del parque de edificios y al avance hacia una transición energética justa.
La alianza busca contribuir a vencer las numerosas barreras que hasta ahora han impedido a las personas en situación de vulnerabilidad el acceso a los programas y ayudas de la rehabilitación de viviendas.
Rehabilitación de viviendas frente a la pobreza energética
La pandemia causada por la COVID-19 nos ha hecho ser más conscientes que nunca de las condiciones de los hogares en los que vivimos. Éstas son especialmente relevantes para aquellas personas que tienen dificultades cada mes para pagar sus facturas energéticas.
En 2019, un 16,7% de los hogares tenían un gasto energético desproporcionado en relación a sus ingresos, y un 7,6% de la población tuvo problemas para mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno, lo cual se traduce en hasta 7.100 muertes al año. Además, los edificios consumen una tercera parte de la energía de nuestro país y son responsables del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero.
En este contexto, la rehabilitación de viviendas es una de las soluciones más efectivas para garantizar un hogar digno que reúna las condiciones de habitabilidad, accesibilidad, confort, salud y eficiencia energética.
Un 7,6% de la población tuvo problemas para mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno.
Sin embargo, los planes desarrollados hasta el momento han excluido a las familias en situación de vulnerabilidad debido a que establecen unos requisitos que suponen barreras de acceso para este colectivo. Por ejemplo, se exige la propiedad de la vivienda o la financiación previa de las obras. Estos programas tampoco han contribuido a mejorar la asequibilidad de las viviendas rehabilitadas y el acceso a las mismas.
Manifiesto
Hasta el momento, son 15 las entidades que se han adherido a la plataforma: ABD- Asociación Bienestar y Desarrollo, ACA- Asociación de Ciencias Ambientales, AVS- Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo, CCOO, CCOO del Hábitat, ECODES, Ecoserveis, Enginyeria Sense Fronteres, ETSAM – Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, Fundació Habitat 3, Fundación Isadora Duncan, Fundación Renovables, ISTAS, Observatorio Ciudad 3R y Provivienda.
Estas organizaciones han lanzado hoy un manifiesto en el que reclaman que los planes de rehabilitación de viviendas prioricen a las familias en situación de vulnerabilidad, y entre otras cuestiones, que se establezcan esquemas de financiación apropiados tanto para personas propietarias como inquilinas con bajos recursos, crear oficinas de proximidad atendidas por agentes sociales locales y evitar que las ayudas de rehabilitación supongan un aumento del precio del alquiler que puedan derivar en procesos de gentrificación.
Los planes de rehabilitación desarrollados hasta el momento excluyen a los hogares con menos recursos al exigir la propiedad de la vivienda o la financiación previa de las obras
Bajo esta alianza se desarrollarán campañas y se dialogará con todos los agentes del sector para impulsar programas de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana justos y con criterios sociales, incorporando la perspectiva de género y la dimensión tanto urbana como rural.
Según exponen las organizaciones integrantes “nos encontramos en un momento crucial para revertir esta situación e impulsar una transformación justa y social del parque de viviendas». El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Ley de Cambio Climáticp y Transición Energética o el anteproyecto de Ley de Vivienda establecen medias y partidas concretas para estimular la rehabilitación de los edificios, por lo que “es el momento de establecer las bases para que estos planes y ayudas prioricen a las personas con menos recursos, sirviendo como palanca de cambio que reduzca las desigualdades sociales”.
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