• La Alianza por la Ley de Igualdad de Trato, conformada por catorce ONG referentes en la lucha contra todas las formas de discriminación, entre ellas Provivienda, ha participado activamente en el proceso, analizando la Proposición de Ley y las enmiendas presentadas por los grupos y realizando propuestas al articulado.

• Esta Ley es una deuda histórica en materia de derechos humanos, pero para que sea realmente efectiva y no una mera declaración de intenciones requiere que se introduzcan una serie de mejoras imprescindibles para que proteja a las víctimas de todos los tipos de discriminación.

Ante el proceso de debate de la Proposición de Ley Integral de Igualdad de Trato que está teniendo lugar en el seno de la Comisión de Igualdad en el Congreso de los Diputados, desde la Alianza por la Ley de Igualdad de Trato, se ha instado a los grupos parlamentarios a incorporar todos los mecanismos necesarios para garantizar la efectiva protección frente a la discriminación.

Si bien la propuesta de Ley incorpora elementos básicos para la lucha contra la discriminación en consonancia con los estándares europeos y del derecho internacional de derechos humanos, como el establecimiento de un régimen sancionador y la creación de un organismo independiente de igualdad, las organizaciones destacan que algunas de las enmiendas registradas ponen en riesgo su aplicación.

Durante el periodo de debate, que se inició el pasado 15 de febrero y continuará a lo largo de todo el mes de marzo, las organizaciones, que elaboraron un exhaustivo documento de análisis de todas las enmiendas remitido a todos los grupos, hacen un llamamiento a que se incorporen medidas que mejoren la Ley, tales como el enfoque de protección de la infancia, el diálogo con la sociedad, el enfoque preventivo y la accesibilidad universal. Además, también ponen el foco en la necesidad de reforzar la figura del órgano de Igualdad de Trato y su independencia, así como en la mejora de la formación de los agentes clave en la lucha contra la discriminación.

Asimismo, instan a incorporar planes de diversidad en las empresas, concretar mejor las conductas que pueden dar lugar a una sanción, y a mejorar la regulación en ámbitos tales como la interseccionalidad, la inversión de la carga de la prueba, la reparación, la discriminación en el ámbito de lo público, la discriminación estructural y la que puede ejercerse por determinadas instituciones, como puede ser la policía, los servicios sociales o de la administración de justicia.

En lo relativo a la protección a las víctimas, las ONG alertan sobre vacíos importantes, dado que la ley no contempla mecanismos suficientemente efectivos para la protección integral, tales como el acompañamiento y la traducción. Cuando se trata de personas migrantes en situación administrativa irregular, las entidades instan a los legisladores a protegerlas frente a expedientes sancionadores que puedan dar lugar a su expulsión c si denuncian casos de discriminación.

Esta norma resulta, por tanto, imprescindible para asegurar el disfrute de todos los derechos sin discriminación. Por ello, y dado que se trata de un proyecto legislativo que las organizaciones llevan reclamando más de 12 años, esperan que el texto final “realmente sirva para sancionar las conductas discriminatorias y que quienes las sufren en su día a día tengan cauces efectivos para la denuncia”.

La Alianza por la Ley de Igualdad de Trato está conformada, en su composición actual, por las siguientes organizaciones: Accem, Asociación Rumiñahui, CERMI, CESIDA, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Cruz Roja Española, Fundación Cepaim, FELGTB, Fundación Secretariado Gitano, HOGAR SÍ, Movimiento por la Paz-MPDL, Provivienda, Red Acoge y Save The Children.

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