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abr 06

El derecho a la vivienda, asignatura pendiente de España ante la ONU

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España se sometió en marzo al examen ante Naciones Unidas sobre el cumplimiento y protección de los Derechos Económicos Sociales y Culturales durante los años 2012-2016, entre los que se encuentra el derecho a la vivienda y a un nivel de vida adecuado. El Comité DESC, organismo de la ONU con las competencias para exigir la rendición de cuentas en estos derechos, publicó el día 29 de marzo las observaciones finales al Sexto Informe, tras escuchar al gobierno español y a la Sociedad Civil, entre la que estuvo la Plataforma DESC a la que pertenece Provivienda.

En general, la garantía de los Derechos Humanos en España ha empeorado desde 2012, sin mucho atisbo de recuperación si no hay cambios urgentes, tal y como denuncia la Plataforma DESC en su comunicado. Por su parte, el Comité DESC dedica una página completa a las graves vulneraciones del derecho a la vivienda adecuada en España, lo que dimensiona la magnitud de la problemática y la preocupación del Comité con respecto a esta, que compartimos desde Provivienda. De nuevo, España vuelve a suspender en el examen del cumplimiento del derecho a la vivienda, empeorando el cumplimiento de este con respecto al examen anterior.

Al igual que en el anterior examen, se hace eco de “el número insuficiente de vivienda social; la creciente falta de asequibilidad de la vivienda, particularmente dentro del mercado privado debido a los precios excesivos; y la falta de protección adecuada de la seguridad de la tenencia. Asimismo, le preocupa el número significativo de hogares que no cuenta con vivienda en condiciones adecuadas y el alto número de personas sin hogar”. Todas estas cuestiones habían sido resaltadas por la Plataforma DESC en el Informe Alternativo, en el que Provivienda ha participado en su redacción, mostrando como el impacto de la crisis, las políticas de austeridad y la falta de una política de vivienda seria han afectado negativamente en el cumplimiento del derecho a la vivienda en este país.

Es urgente la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, de acuerdo con las recomendaciones del Comité DESC, especialmente en la mejora de la seguridad en la tenencia, así como  “reglamentar el mercado privado de la vivienda para facilitar la accesibilidad, disponibilidad y asequibilidad”. La estructura del parque de vivienda en España resulta claramente excluyente y una regulación que desproteja a la parte más débil de la relación arrendaticia no debería mantenerse, especialmente tras las Observaciones de Naciones Unidas.

Las medidas que planteamos desde la Sociedad Civil vienen secundadas por el Comité DESC, centrándose en mejorar la cantidad y calidad de vivienda social, con una dotación presupuestaria suficiente, mejorar la calidad edificatoria de las viviendas, y asignar con los fondos suficientes a las CCAA para la provisión de recursos de acogida. Sobre esta cuestión, desde Provivienda creemos mejor que la provisión debería focalizarse en modelos centrados en la vivienda, y no en grandes centros como albergues.

La problemática de los desahucios toma especial importancia en este informe por su gravedad social, tanto en el impacto de la vida de las personas, como en la extensión de esta problemática, que de 2013 a 2016 se concretan en 265.676 lanzamientos practicados (CGPJ). Preocupa especialmente la “falta de un marco legislativo adecuado que determine las debidas garantías legales y procesales a las personas afectadas”. En este sentido, el Comité DESC insta al Estado español a adoptar un nuevo marco legislativo que mejore los procedimientos para llevar a cabo desalojos forzosos, especialmente incorporando los “principios de razonabilidad y proporcionalidad” y aumentando los plazos de información y recurso. Asimismo, este protocolo debe asegurar la compensación a las personas afectadas o la opción de una alternativa de vivienda adecuada. También insta a incrementar la coordinación entre tribunales y servicios sociales, para mejorar la prevención de la exclusión residencial y el sinhogarismo, como resultado de un desalojo.

Por último, y a este respecto, al Comité DESC le preocupa especialmente “que ciertas decisiones del Tribunal Constitucional impidan que las Comunidades Autónomas puedan otorgar, con sus propios recursos, mayores protecciones a los derechos del Pacto que las previstas a nivel nacional, pues las soluciones uniformes nacionales son bienvenidas cuando favorecen la realización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales, pero preocupan al Comité cuando obstaculizan dicha realización progresiva”, en lo que parece una clara alusión al desarrollo normativo de la función social de la vivienda de diferentes comunidades, paralizadas en parte por los recursos del Gobierno ante el Tribunal Constitucional.

Enlace permanente a este artículo: http://www.provivienda.org/valoraciones-de-provivienda-ante-las-observaciones-finales-sobre-el-sexto-informe-periodico-de-espana/