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feb 20

Pacto social en defensa del Sistema Público de Servicios Sociales

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Las diferentes organizaciones que conformamos la Marea Naranja Madrid y la Alianza Social en defensa del Sistema Público de Servicios Sociales valoramos que las situaciones de desigualdad y de exclusión social se han incrementado en la sociedad madrileña, generando una cronificación.

POBREZA

    • 21,7% DE LA POBLACION DE MADRID, 1,4 MILLONES, SE ENCUENTRAN EN RIESGO DE POBREZA Y/O EXCLUSION SOCIAL
    • 87.000 FAMILIAS NO TIENEN NINGUN INGRESO
    • 14% TRABAJADORES/AS MADRILEÑOS/AS SON POBRES 

RENTA MíNIMA DE INSERCIÓN / DATOS 2016

    • 30.279 FAMILIAS BENEFICIARIAS
    • AUMENTO DE SOLICITUDES 13,87%
    • LAS SOLICITUDES CONCEDIDAS SON EL 50,05%

DEPENDENCIA / DATOS DICIEMBRE 2017

    • 32.433 BENEFICIARIOS CON DERECHO A PRESTACION NO TIENEN SERVICIO
    • PRESUPUESTO COMUNIDAD DE MADRID
    • 1.729 MILLONES € EN EL AÑO 2018, TODAVIA ES 12,5 % MENOR QUE EL AÑO 2010
    • MAS DEL 70% DEL PRESUPUESTO SE GESTIONA DE FORMA PRIVADA

Por ello, REIVINDICAMOS:

LA FIRMA DE UN PACTO SOCIAL EN DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.

Para desarrollar dicho Pacto los partidos políticos y las administraciones públicas competentes, deben de comprometerse con los siguientes contenidos:

  1. Reforzar el Estatuto de Autonomía y desarrollar la Ley de Servicios Sociales para que se reconozcan derechos subjetivos que logren la cohesión y la justicia social.
  2. Modificación del artículo 28 de la “Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid “, para que se reconozca de forma explícita que corresponde a la Comunidad Autónoma “la competencia de desarrollo legislativo, potestad reglamentaria y ejecución” de un sistema público de servicios sociales para toda la ciudadanía madrileña.
  3. Realizar de una vez el desarrollo reglamentario de la ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.
  4. Apoyar la participación directa de la sociedad civil en la programación, control y evaluación de los servicios sociales retomando el Consejo Regional de Servicios Sociales que fue eliminado por la Ley 9/2010, de Acompañamiento de los Presupuestos.
  5. Reforzar los derechos recogidos en la Ley: una información suficiente y veraz, sobre las prestaciones y recursos sociales disponibles y sobre los requisitos de acceso; a recibir la atención social, sin discriminación; a una atención individualizada que respete su identidad y dignidad; a la asignación de un profesional de referencia que asegure la coherencia y globalidad del proceso de atención; a participar en la toma de decisiones sobre el proceso de intervención social, y elegir libremente el tipo de medidas o recursos a aplicar; a la confidencialidad; a la continuidad en la prestación de la ayuda o servicio; a participar en los órganos de representación del sistema público de servicios sociales.
  6. Cumplimiento del Art.º 48 de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, la elaboración cuatrienal de un Plan Estratégico que ayude a ordenar las medidas, recursos y acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la Ley.
  7. Realizar una carta de servicios que desarrolle el carácter preventivo y comunitario del sistema público de servicios sociales con estándares de calidad, instrumentos de evaluación públicos, ratios de atención y mecanismos de coordinación, así como un modelo de financiación transparente y suficiente.
  8. Territorializar los servicios sociales especializados
  9. Modelo unificado de Centro de Servicios Sociales Municipales, estructura, personal técnico y administrativo por ratio de población e indicadores sociodemográficos de dificultad social. Dotar de personal suficiente a los centros para garantizar a la ciudadanía la respuesta cercana, adecuada y rápida de sus necesidades sociales. (art. 25 de la Ley 11/2003)
  10. Garantizar la Renta Mínima de Inserción a la ciudadanía sin ningún tipo de ingresos, a través de una tramitación ágil y la simplificación de la documentación requerida.
  11. Desbloquear la paralización de servicios y prestaciones de la Ley de la Dependencia. Dar contestación a las solicitudes que permanecen en el llamado limbo de la dependencia.
  12. Reglamentación de las Ayudas económicas de emergencia municipales, para cubrir las necesidades básicas de alimentos, suministros y etc., garantizando los derechos vitales y poder mantener una vida digna.
  13. Asegurar la continuidad del proceso de atención social desde una perspectiva integral a través los equipos multidisciplinares garantizando la calidad en el empleo y eliminando la precariedad.
  14. Favorecer los convenios de forma bianual o plurianual de colaboración con los Servicios Sociales de las entidades locales con objeto de fortalecer la red de la Atención Social Primaria de forma homogénea en la CCAA. Restablecer la coordinación territorial interadministrativa.
  15. Propuesta de unificar el sistema informático de la red de Atención Social Primaria que sirva como base de datos para conocer la atención social actual y poder realizar la planificación necesaria futura.
  16. Adaptación de las nuevas Leyes de Protección Jurídicas del Menor 8/2015 y 26/2015 a la Comunidad de Madrid. Reformar la estructura de protección con profesionales técnicos formados, reforzar la red de hogares y residencias asegurando su objetivo protector, hacer efectivo una red de familias acogedoras de emergencia y temporales para los menores entre 0 y 6 años.

“por un pacto social EN DEFENSA DEL SISTEMA PUBLICO DE SERVICIOS SOCIALES”

“por un pacto social EN DEFENSA DEL SISTEMA PUBLICO DE SERVICIOS SOCIALES”

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