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feb 01

Notas sobre el Fondo Social de Viviendas

2011071550desahucio498El pasado día 17 de enero de 2013 se suscribió el Convenio para la constitución del Fondo Social de Viviendas, tal y como se encomendaba al Gobierno en el Real Decreto-ley 27/2012 de 15 de noviembre, sobre medidas urgentes para reforzar la protección de deudores hipotecarios.

En estos momentos, en los que se debate en el Congreso la reforma hipotecaria, el Ejecutivo está revisando sus propias medidas. Entre otras cuestiones, se replantea aumentar los umbrales para los beneficiarios del código de buenas prácticas y proponer mejoras en las subastas de inmuebles embargados, limitando así los intereses de demora.

Si bien es cierto que el Fondo Social de Viviendas es de por sí una medida positiva, en cuanto a que responde a una demanda social insoslayable, no deja de ser una solución coyuntural y parcial. Esto se pone de manifiesto en la exposición de motivos del convenio, al afirmar que no se pretende “alterar el régimen jurídico vigente”.

Las consecuencias sociales y económicas de estos años de crisis, constatan la necesidad de un abordaje de la temática de las ejecuciones hipotecarias que revise las deficiencias de la normativa actual. Por ejemplo, El Tribunal Europeo ha confirmado la no compatibilidad del derecho español hipotecario con la normativa comunitaria sobre protección al consumidor.

Además, entre las quejas recogidas en el Informe del Defensor del Pueblo en 2012 se detectaron un alto número de casos de ejecuciones hipotecarias, dación en pago, malas prácticas en el ámbito bancario y problemáticas varias relacionadas con el endeudamiento familiar en la adquisición de la vivienda.

En suma, el elevado número de ejecuciones hipotecarias a lo largo de estos años de crisis hace necesaria una revisión de la normativa pues “No se puede considerar que la responsabilidad en el sobreendeudamiento de los particulares sea únicamente de éstos. El sistema no ha funcionado…”

En cuanto al contenido del Convenio, nos surgen algunas dudas que entendemos se irán solventando a medida que se desarrolle.

Por un lado, en cuanto a los requisitos de las viviendas, el convenio establece que las viviendas se hallen “en condiciones adecuadas para su uso inmediato y sin necesidad de que el arrendatario acometa ninguna inversión previa”. Nos preocupa que no haya una supervisión de que esto sea así y tenemos dudas de si la propia entidad bancaria o la denominada Comisión de Coordinación y Seguimiento puedan asegurarlo.

Con respecto a la ubicación geográfica de las viviendas, en el Convenio se habla de un “principio de proporcionalidad en relación con la distribución geográfica de la cartera total de viviendas elegibles de la entidad siempre que sea posible y se disponga de viviendas”. Esperamos que se haga un esfuerzo por ubicar a las familias en viviendas cercanas a su territorio de referencia, allí donde posean sus redes sociales.

No podemos dejar de mencionar que el Real Decreto puede dejar fuera a muchas personas y familias “en situación de especial vulnerabilidad”. Estar en situación de vulnerabilidad o de exclusión social es consecuencia de múltiples factores, no sólo económicos.

Precisamente por ello, suscita reticencias que la propia entidad bancaria, que inició el procedimiento hipotecario y que crea el fondo de viviendas, sea la encargada de valorar si la familia o unidad familiar se encuentra en situación de especial vulnerabilidad social.

Este hecho puede quedar matizado por que en el procedimiento se debe solicitar un informe de los Servicios Sociales, lo cual posibilitaría tener un mayor conocimiento. Estimamos positivo, por tanto, la posibilidad de que se produzcan acuerdos de colaboración con ayuntamientos y / diputaciones provinciales para que sean estos los que realicen la valoración del cumplimiento de requisitos.

En todo caso, esperamos que estas cuestiones se resuelvan favorablemente para las personas víctimas de ejecuciones hipotecarias. Creemos que estamos en un momento crucial en el que el cambio hacia un modelo de tenencia de la vivienda que integre a la mayoría de la Sociedad puede ser una realidad. Esperamos que no se pierda esta oportunidad.

En este sentido, nos parece prometedor el anuncio del Gobierno en la cámara baja sobre la futura modificación de la Ley Hipotecaria y la regulación del mercado hipotecario cuyo objetivo sería “equilbrar la posición de las partes”.

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