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dic 19

La perspectiva de la no discriminación en la atención socio-residencial, ¿una tarea pendiente?

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“Prácticamente tenía una vida bastante bien en mi país, solo me faltaba mi independencia, independencia que le pedía a gritos a mi padre, que por favor, que yo tuviese mi habitación.”

 

En una situación de emergencia habitacional como la que existe en España, en la que más de 300.000 hogares han sufrido un lanzamiento desde 2013, 16.437 personas duermen diariamente en la calle o han subido los precios de los alquileres 10 puntos desde el año pasado, la discriminación se convierte en una doble vulneración de derechos para las personas migrantes o racializadas. El 16% de la población extranjera de fuera de la UE no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada. 2 de cada 10 personas extranjeras de fuera de la UE ha tenido retrasos en el pago de gastos de vivienda y más de la mitad de las personas extranjeras habita en una vivienda en alquiler.

Esta discriminación puede agravarse, si además se ve atravesada por una cuestión de género. La histórica discriminación que han padecido las mujeres y sujetos feminizados, implica una mayor desprotección a la hora de ver garantizados sus derechos.

El caso de Hilda, mujer racializada, nacida en Cuba y superviviente de violencia de género, resulta paradigmático.  Anteriormente, Hilda en su compleja trayectoria vital y como muchas otras mujeres, había prolongado sus relaciones sexo-afectivo con el agresor, para poder mantener la vivienda en la que vivía con sus hijos. Tras dar el paso de denunciar y un largo proceso de superación, consigue un trabajo y decide dejar el recurso en el que se encuentra para emprender la búsqueda de una vivienda de alquiler para convivir con sus dos hijos. Sin embargo, los obstáculos con los que topa a la hora de poder acceder o mantener la vivienda tienen una motivación esencialmente racista.

“No, no, no, yo… Sí, en su casa, es suya. Y ya yo empecé a vivir con los niños en una camita, los tres ahí juntitos, y la tripita… y ya… verdad que la situación era así, yo intentaba tratar de solucionar lo de la comida de los niños, no nos dejaba ducharnos, porque decía que gastabamos agua, que los españoles no se duchan tanto y que si yo decía decir algo que sepa que me iban a quitar… que lo primero que iban hacer era quitarme a los niños, que aquí en España quitan a los niños y bueno… todo lo que yo me creí, realmente me lo creí todo ¿vale?”

Asimismo, Hilda ha tenido problemas para acceder a un alojamiento, como en su última vivienda: a pesar de que cumplía con todos los requisitos la propietaria del piso mostraba reticencias para alquilarselo. Hilda, decide recurrir a su pareja, un hombre blanco español, para que le acompañe a un nuevo encuentro con la propietaria de la vivienda, con el objetivo de generar confianza. Tras ese segundo encuentro accede a la firma del contrato, lo que parece indicar que su negativa estaba basada en prejuicios para alquilar la vivienda a una mujer, racializada y con dos hijos. Esta situación, a pesar de que tuvo un resultado positivo, sólo pudo resolverse con ayuda externa, con las consecuencias para la autonomía y autoestima que esto tiene. “Yo quería conseguirlo por mí misma. Es que es muy molesto tener que decirle a Pedro, “Pedro ayúdame”. Y que él sepa que si no es por él, yo no tendría nada”, afirma Hilda.

Según la última encuesta de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (realizada en el año 2009), un 12% de los encuestados resultó haber sido víctima de actitudes discriminatorias. Aún así, de ese porcentaje, el 82% no había denunciado, el 63% arguyó que el principal motivo era porque consideraba que no iba a tener ninguna consecuencia.

Los y las profesionales de la intervención social, del sector público y privado, también hemos sido socializados en estructuras y prejuicios relacionados con la etnicidad, por lo que debemos tratar de ser conscientes del riesgo que existe en ocasiones de reproducir conductas discriminatorias o de no detectarlas. Al fin y al cabo, el racismo institucional se define como aquellos ordenamientos o pautas de conducta establecidas con las que las personas pertenecientes al grupo dominante oprimen al grupo subordinado[1] . Esto quiere decir que estas conductas y actitudes hacia “el otro/la otra”, han sido sido normalizadas en toda la sociedad, por lo que existe también una dimensión institucional.

Para evitar, este riesgo resulta fundamental que las entidades que trabajan en el ámbito de la intervención social, realicen una labor específica de sensibilización con todo su personal técnico, con el fin de establecer unos criterios que garanticen una igualdad de trato y eviten situaciones de arbitrariedad o juicios personales.

Tenemos la responsabilidad de velar por una igualdad de trato y la promoción de la no discriminación. Debemos sensibilizar y contribuir a fomentar la denuncia de actos discriminatorios como los relatados anteriormente. Para ello, resulta imprescindible contar con protocolos de actuación que otorguen al personal técnico, una mayor conciencia y más herramientas la hora de actuar ante determinadas situaciones, evitando improvisaciones que pueden terminar agravando el problema de la persona atendida o reproduciendo actitudes discriminatorias.

Accede aquí al protocolo.


[1]  Informe SOS Racismo 2017.

Enlace permanente a este artículo: http://www.provivienda.org/la-perspectiva-de-la-no-discriminacion-en-la-atencion-socio-residencial-una-tarea-pendiente/