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mar 03

Impresiones sobre el último “Informe de la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada”

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El pasado 27 de febrero se publicó el “Informe de la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho de no discriminación a este respecto”. Desde Provivienda, destacamos algunos puntos de este documento temático de las Naciones Unidas que nos resulta de interés para el contexto español

El informe se centra en la “financiarización de la vivienda” y sus repercusiones en los derechos humanos. Se refiere a los cambios estructurales en los mercados de la vivienda y financieros, donde la vivienda es una mercancía. La inversión de capital en la vivienda desconecta cada vez más a la vivienda de su función social de provisión de un lugar para vivir en condiciones de seguridad y di
gnidad.

Uno de sus efectos en las llamadas “ciudades a cubierto de riesgos” es el aumento de los precios de la vivienda, que provoca que los hogares se vean empujados a la periferia de las zonas urbanas, donde los empleos y servicios son escasos. En otros lugares, como España, la financiarización está relacionada con la deuda contraída por los hogares vulnerables, con préstamos abusivos y mercados inestables, provocando desalojos a una escala sin precedentes.

Los Estados han seguido centrándose en atraer capital y a los inversores con grandes fortunas mediante impuestos reducidos y otros beneficios. Por ejemplo, el “visado dorado”, que permite a los inversores extranjeros obtener la residencia permanente o incluso la ciudadanía a cambio de una cantidad de inversión en bienes inmuebles (España, Portugal, Chipre, Grecia, Australia). Los programas de este tipo pueden contribuir a crear problemas de asequibilidad de la vivienda para los residentes locales, sin aportar ninguna prueba de beneficios sustanciales para la población en general.

El sector financiero corporativo no solo saca provecho de los precios inflados en las ciudades a cubierto de riesgos, sino que también se beneficia de la crisis de la vivienda (compra de viviendas con problemas de deuda morosa que se venden a precios muy inferiores a los del mercado, como es el caso de España). La gran mayoría de la deuda morosa inmobiliaria la están comprando grandes empresas de capital privado.

La mayor parte de las transacciones inmobiliarias por inversión masiva de capital no crea las viviendas necesarias ni empleo seguro a largo plazo. Un parte considerable de las viviendas que son propiedad de inversores se quedan simplemente vacías. Los mercados de vivienda financiarizada responden, por tanto,  a las preferencias de los inversores mundiales en lugar de a las necesidades de las comunidades. Provoca la llamada “alienación residencial”: quienes toman decisiones relativas a la vivienda lo hacen desde lejanas salas de juntas sin la participación ni rendición de cuentas ante las comunidades en las que se encuentran sus “activos”. Es, por tanto,  difícil saber quién es el responsable respecto de los derechos humanos cuando el propietario de la vivienda es un fondo que gestiona miles de millones de dólares, tenedores de bonos, accionistas públicos o sociedades anónimas ficticias.

El aumento de los precios de la vivienda y los bienes inmuebles se ha convertido en un factor clave de la creación de una mayor desigualdad en la distribución de la riqueza. Se genera segregación espacial y desigualdad en las ciudades.

Por su parte, las sentencias nacionales en la esfera de la vivienda y las finanzas han tendido a proteger a los inversores y se han orientado hacia la aplicación de la relación contractual entre los prestamistas y los acreedores, sin tener en cuenta los desequilibrios de poder ni su repercusión en los derechos humanos. La Relatora Especial observa con preocupación que se aplica el desahucio de manera habitual en caso de impago de deudas, aunque haya muchas otras opciones disponibles para que los tribunales dispongan el reembolso o que se reestructure la deuda, con consecuencias contrarias a las normas internacionales de derechos humanos. Además se hace mención expresa a la situación de España, donde no se considera que el impago del crédito hipotecario quede saldado con la ejecución hipotecaria.

Se ha prestado muy poca atención a las obligaciones de las empresas y corporaciones financieras que operan en el sector inmobiliario en lo que respecta al derecho a una vivienda adecuada, a pesar de que las nuevas normas al respecto ofrecen posibilidades adicionales para lograr una mayor rendición de cuentas. También hace mención expresa a las leyes de Andalucía y Cataluña que afirmaban de forma expresa la función social de la vivienda, facilitando la expropiación temporal de viviendas vacías, revocadas por el Tribunal Constitucional.

En definitiva, la Relatora recomienda que los Estados velen por que todas las inversiones en vivienda tengan en cuenta su función social y cumplan con las obligaciones de derechos humanos de los Estados a ese respecto, lo que supone poner el foco sobre este tema como objetivo primordial de las relaciones entre el Estado y el sector financiero.

Accede aquí al Informe completo

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