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may 19

A favor del alquiler de vivienda

Visto en: elpais.com

INMACULADA DE LA VEGA

  • Las medidas propuestas para dar flexibilidad y seguridad al mercado del alquiler no convencen
  • Reducir los plazos de duración del contrato y desistimiento introduce inestabilidad
  • Mejorar la seguridad jurídica requeriría aumentar los medios y racionalizar los existentes


Flexibilidad para que propietario e inquilino decidan lo que más les interese en cuanto a plazos y actualización de la renta y mayor seguridad jurídica para el arrendador, gracias a la intervención del Registro de la Propiedad. Estas son las dos vías para fortalecer la presencia del alquiler en España que propone el anteproyecto presentado el viernes pasado por el Ministerio de Fomento.

Con todas las cautelas, porque el texto no es definitivo, los expertos consultados no acaban de verlo claro. Alguno incluso apunta que el legislador desconoce el día a día del mercado de alquiler.

Para el arrendador el principal y viejo problema es la inseguridad jurídica alimentada por la escasez e infrautilización de medios judiciales. La propia Administración reconoce que “los procedimientos de desahucio por impago de rentas, pese a las reformas introducidas en 2009 y 2011, son lentos e ineficaces. Por eso, para agilizar se reduce la intervención judicial al mínimo imprescindible”.

Y aquí le dan entrada al Registro de la Propiedad: si se inscribe el contrato, el impago de rentas podrá dar lugar a la resolución del arrendamiento sin más exigencia que un previo requerimiento notarial o judicial y sin necesidad de obtener sentencia declarativa. “Una vez cancelada la inscripción del arrendamiento, se podrá ordenar la ejecución, lo que implica la restitución del inmueble a su propietario”, explica Fomento.

Añade que se crea además un procedimiento judicial acelerado para que en 10 días se proceda al pago de la renta debida y se simplifica el procedimiento judicial para los desahucios.

Desde Provivienda, que llevan varias décadas gestionando alquileres sociales, la abogada Rosario Ubero anota que tras la última reforma procesal ya se da un plazo de 10 días al inquilino para pagar, oponerse o devolver las llaves. En caso contrario el secretario del Juzgado dicta decreto por el que resuelve el contrato.

 

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